PUERTO PRÍNCIPE. Varios miles de opositores manifestaron ayer en Puerto Príncipe contra los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales haitianas del 25 de octubre, que calificaron de “golpe de Estado electoral”.
Según los datos publicados el 24 de noviembre por el Consejo Electoral Provisorio (CEP), la segunda vuelta de los comicios, el 27 de diciembre, opondrá a Jovenel Moïse, candidato del partido en el gobierno, que obtuvo 32,7% de los sufragios, y Jude Célestin, del partido Lapeh (25,29%).
Entre 2.000 y 3.000 personas manifestaron en las calles de la capital ayer, la mayor concentración de protesta desde que se conocieron los resultados de la primera vuelta de la consulta.
“No pueden imponernos candidatos y violar nuestro derechos”, dijo Pierre Jacquelin, un manifestante que vive en uno de los barrios desfavorecidos de Puerto Príncipe.
Un leve incidente se produjo cuando tres cascos azules de la Minustah, la misión de las Naciones Unidas, quisieron pasar con su vehículo entre los manifestantes, que les lanzaron piedras. La policía intervino con gases lacrimógenos.
Las acusaciones de fraude se han multiplicado desde fines de noviembre y no es seguro que la segunda vuelta del 27 de diciembre pueda realizarse.
El martes, el Senado, que funciona con apenas un tercio de sus miembros en razón del retraso del calendario electoral para renovarlo, pidió al presidente Michel Martelly en una carta que “el proceso electoral sea suspendido hasta que una comisión de verificación o de evaluación aclare la veracidad de las numerosas denuncias de fraude”.
La formación de un organismo de ese tipo es reclamada desde hace un mes por la oposición y es respaldada por Jude Célestin.
El traspaso del poder entre Martelly, a quien la Constitución prohíbe un segundo mandato consecutivo, y su sucesor debe producirse el 7 de febrero próximo.
Desde el fin de la dictadura de la dinastía de los Duvalier, en 1986, Haití conoce una crisis política permanente, pautada por golpes de Estado y elecciones sospechadas de fraude, lo que debilita aún más las posibilidades de recuperación de un país que sufre todavía las consecuencias del terrible terremoto de enero de 2010, que causó la muerte de más de 200.000 personas.
