El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, negó este jueves los casos de apatridia en República Dominicana, y calificó como una calumnia el informe de Amnistía Internacional sobre el tema.
Dijo que son mentiras las declaraciones del organismo internacional y que solo persiguen la modificación dl ordenamiento jurídico del país, para adaptarlo a sus intereses y a los de sus financiadores.
Rosario Márquez justificó que el Estado dominicano implementó una auditoría a los libros registros de la JCE, de la cual unos 55 mil hijos extranjeros fueron favorecidos. “De estos, 10,051 personas se han presentado a la institución a retirar su cédula de identidad y electoral y nueve mil 424 han recibido un acta.
El presidente de la JCE llamó a Amnistía Internacional y otras organizaciones que respaldan que en el país hay apatridia, a presentar un listado de eso casos en la entidad electoral que sustente sus afirmaciones.
En su informe, la entidad internacional cita que dejó en evidencia que “no hubo respuesta a las solicitudes de reunión con el presidente de la Junta Central Electoral”, y que ese organismo no facilitó documentos que sustentaran su versión de que “no hay apátridas en la República Dominicana”.
Amnistía Internacional
Amnistía Internacional encaró al Gobierno dominicano que reconozca la existencia de apatridia, para entonces resolver el estatus de estas personas, que podrían llegar a ser “decenas de miles”.
Así lo deja ver en el informe titulado “Sin papeles no soy nadie, personas apátridas en la República Dominicana”, en el que hace un análisis a las decisiones del Estado dominicano puestas en marcha desde 1990 hasta sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, para desembocar en lo que el organismo internacional considera “el camino hacia la apatridia”.
En la investigación de 60 páginas, Amnistía reconoce los esfuerzos del Gobierno por no dejar a ningún sujeto sin derecho, como la aplicación de la Ley de Naturalización 169-14. Pero destaca que esos esfuerzos han otorgado “una solución parcial”.
“Se necesita reconocer que hay apátridas en el país, que hay decenas de miles de personas. O sin dar números, que hay un número de personas en condición de apatridia. Si se puede reconocer esto se pueden tomar medidas adecuadas”, puntualiza la investigadora Chiara Liguori, quien fue la encargada del equipo que hizo el estudio.
La especialista, de origen italiano, no se atreve a dar cifras exactas de apátridas, porque conoce que no existen datos fiables para dar con un número de personas en condición de apatridia, “pero estimamos que estamos en la decenas de miles”.
