SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República Dominicana calificó de “nefasta y un duro golpe a la lucha contra la impunidad” la decisión de este miércoles de los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, de ratificar el Auto de No Ha Lugar a favor del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Félix Bautista, y otros seis acusados de corrupción y lavado de activos.
Indicó que con la misma “se desacredita el sistema de justicia y se da un mal ejemplo a la sociedad y a todos aquellos que ocupan una función pública”.
El máximo representante del Ministerio Público advirtió que dicho fallo “constituye un franco retroceso en el combate de la corrupción administrativa y el mal uso de los fondos públicos”.
“Se trata de una decisión que va muy en contra del interés nacional y de lo que establecen la Constitución y las leyes. El recurso de apelación interpuesto en contra del Auto que favoreció al grupo de implicados, fue muy amplio, con fundamentos jurídicos relevantes y suficientes para su revocación y el envío de este caso a juicio de fondo”, manifestó.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, integrada por los jueces Miriam Germán (presidenta), Esther Angelan Casasnovas, Fran Euclides Soto, Juan Hirohito Reyes y Mariana Daneira García Castillo, con el voto disidente de las dos primeras juezas, ratificó el Auto de No Ha Lugar que fue emitido el pasado 27 de marzo por el juez Alejandro Moscoso Segarra a favor del senador Félix Bautista y otros seis implicados en el caso. Quedó así rechazada una solicitud de revocación hecha por el Ministerio Público mediante recurso de apelación.
Domínguez Brito expresó que “es una decisión muy negativa, que marca de manera lastimosa los esfuerzos hechos para que el país tome un rumbo diferente en cuanto al castigo de todo el que dé un uso irregular a los recursos del Estado”.
Alegó que éste es uno de los casos más graves de corrupción administrativa que se haya registrado en la República Dominicana, y en ese sentido, destacó “la seria labor de investigación llevada a cabo a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para recolectar el legajo de pruebas que sustentan el extenso expediente acusatorio instrumentado en contra del grupo”.
