SANTO DOMINGO.- Familiares del comerciante Juan Isidro Veras Grullón, quien fue asesinado en un ascensor, recusaron a la jueza del Tribunal de Atención Permanente Suinda Brito, encargada del conocimiento de la medida de coerción contra el acusado del crimen, Jamil Enrique Bassa Matos, porque según alegan ésta se manifestó en el manejo del caso de manera parcial con la parte defensora.
Los abogados Gilberto Caraballo, y José Chía dijeron que la magistrada fue recusada porque los familiares de la víctima y querellantes se sienten indefensos porque no se les garantiza imparcialidad e independencia, por lo que pide que se elija otra jueza.
Expresaron que en la audiencia pasada hubo comentarios y opiniones de la magistrada dirigiéndose directamente a los familiares del occiso.
«La invitamos formalmente a que se inhibiera, lo que fue rechazado por ella, y procedimos a recusarla, después de hacer una serie de argumentos y recomendaciones que entendemos indebidos de su parte”, expresaron los abogados de los familiares.
Sostuvieron que la jueza Suinda Brito expresó en el tribunal que estaba realizando su trabajo apegada a las normas, pero que entienden que eso no ha sido lo sucedido y que “los querellantes tienen el derecho a tomar medidas de acuerdo al Código”.
De su lado, el abogado del joven Jamil Enrique Bassa Matos, Carlos Balcacer , explicó que la familia del occiso entendió que la jueza fue recusada porque “a los abogados de la otra parte ella nos otorgaba más tiempo para exponer
Dijo que solicitaron un aplazamiento hasta el domingo, debido a que, según afirmó, los abogados de los familiares del comerciante, depositaron el escrito a las 6:00 de la tarde del domingo, y que no tenía conocimiento de eso.
“Le pedimos a la magistrada que rechazara la recusación, pero no resultó, lo que implica que el proceso sea más largo”.
Patología
Jamil Enrique Bassa Matos, está acusado de asesinar a tiros y cuchilladas al comerciante Grullón, cuyo cadáver fue encontrado en un ascensor de un residencial del ensanche Quisqueya, en esta capital.
De acuerdo al abogado Carlos Balcácer, el joven Bassa sufre de esquizofrenia paranoide y estuvo preso en una penitenciaria siquiátrica un año en Estados Unidos por apuñalar a una persona.
Explicó que el Código protege a las personas que tienen problemas mentales, destacando que el diagnóstico siquiátrico lo depositará en las próximas horas.
También admitió que el victimario utiliza sustancias controladas para su tratamiento, pero que hace dos años lo abandonó. Sobre la denuncia de la supuesta desaparición de un dinero, según los familiares de la víctima, dijo que no había escuchado nada al respecto.
