SANTO DOMINGO. Los presidentes Danilo Medina y Michel Martelly volverán a tratar dentro de dos semanas la prohibición del Gobierno haitiano a la entrada a su territorio de 23 productos por la vía terrestre, un tema que el presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Sadhala Khoury, no entiende por qué se postergó más allá de la reunión que sostuvieron ambos mandatarios ayer en Barahona.
“No entendemos por qué habría que hablar de esa veda en 15 días, tenía que haberse hablado ahí mismo”, expresó.
El presidente de Adoexpo informó que en los 15 días que tiene la prohibición en vigencia, se enviaron unas 7 mil toneladas de cemento hacía Haití, vía marítima, con un costo aumentado en 40 %. Próximamente se exportarán varillas.
Si la medida se extiende por un año, Adoexpo estima las pérdidas en unos US$500 millones, significando que en los primeros 15 días de su aplicación, se dejaron de percibir aproximadamente US$20 millones.
Al preguntarle a Khoury si entienden que en el encuentro que se producirá en dos semanas habrá un cambio en la política comercial de Haití, responde que sí, “porque es insostenible, principalmente para el pueblo haitiano, en término de costo y en término de escasez de materiales y productos alimenticios”.
Sin embargo, el excónsul general de Haití en República Dominicana, Edwin Paraison, ve la situación con un enfoque político. “Hacer marcha atrás ahora, sin dar respuestas concretas a los motivos que originaron la veda terrestre sería un segundo error político ante los contrincantes del poder. El Gobierno haitiano aparecería como una entidad caótica que no sabe lo que está haciendo”, dijo a Diario Libre.
Paraison destaca que según las autoridades haitianas, la medida prohibitiva contra la entrada por tierra de agua embotellada, harina, cemento gris, agua potable, detergente en polvo y otros artículos, estuvo motivada por la necesidad de frenar el contrabando que provoca pérdidas por más de US$300 millones al año; la obligación de proteger la salud de los consumidores por detectarse elementos cancerígenos o la mala calidad de algunos de los productos; el interés de aumentar los ingresos fiscales y proteger la producción nacional.
“Esa posición fue aplaudida por las asociaciones patronales haitianas y entendida por algunos sectores del empresariado dominicano que llegaron a proponer formas de apoyar al Gobierno haitiano para resolver la situación en la frontera. No obstante, políticamente ha sido una medida inoportuna por afectar a un sector del electorado compuesto por las ‘madan sara’ (marchantas) que viven del intercambio comercial en la frontera y detrás de ellas una cadena de servicios”, manifestó.
El periódico Haití Sentinel divulgó en una publicación el mes pasado que la prohibición buscó satisfacer el pedido del partido del presidente Martelly para conseguir financiamiento por US$1.7 millones para la campaña presidencial del candidato del partido oficialista en Haití, algo que desmintió el Gobierno de ese país.
Medina y Martelly también acordaron normalizar las relaciones diplomáticas binacionales, y como muestra, el Gobierno haitiano se comprometió a enviar un nuevo embajador a Santo Domingo, y República Dominicana retornará a Haití a su embajador Rubén Silié, quien fue llamado a consulta a raíz de la prohibición.
También se decidió reactivar los trabajos de la comisión mixta bilateral, con miras a que se reúna semanalmente.
“Estamos a favor de un relanzamiento del diálogo, pero el mismo debe incluir la participación de todos los actores interesados con el objetivo claro de lograr una auténtica reconstrucción de los lazos binacionales muy afectados por diversas incidencias desde la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional”, indicó Paraison.
