El Juzgado B de Mayor Riesgo de Guatemala ordenó hoy el arraigo de 50 empresarios acusados de pagar sobornos a la red de corrupción aduanera «La Línea», caso que obligó a renunciar a Otto Pérez Molina a la Presidencia del país y lo mantiene en prisión preventiva.
El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del juzgado, dictó la orden de prohibición de salida del país este miércoles a solicitud del Ministerio Público (MP, Fiscalía), que a su vez dio a conocer la identidad de los 50 empresarios acusados de sobornar a autoridades aduaneras.
El titular del Juzgado B guatemalteco no detalló cuándo serán citados a declarar los 50 empresarios importadores de bienes.
Los nombres de los 50 importadores divulgados este miércoles componen solamente una parte del listado, pues de acuerdo a la Fiscalía hay al menos otros 250 empresarios vinculados a los sobornos.
La fiscal general, Thelma Aldana, había afirmado anteriormente que el listado podría aumentar hasta 1.500 importadores implicados en la trama.
El juez Gálvez inició en julio pasado un proceso judicial contra los primeros nueve empresarios acusados de defraudación aduanera, quienes evitaron la prisión preventiva con el pago de fianzas.
La supuesta estructura de corrupción, bautizada como «La Línea», fue desmantelada entre abril y septiembre de este año por el MP y la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (Cicig).
Por el caso hay más de 29 personas en prisión preventiva, incluido Pérez Molina, que renunció a la Presidencia en septiembre, y la que fue su vicepresidenta, Roxana Baldetti, quien dimitió del cargo en mayo pasado, ambos señalados por las autoridades como los dirigentes de la red de corrupción.
De acuerdo a las investigaciones del MP y la Cicig, Pérez Molina y Baldetti comandaban la estructura en complicidad con 49 personas dentro del ente recaudador de impuestos, la Superintendencia de Administración Tributaria.
El MP y la Cicig han afirmado en base a más de 88.000 escuchas telefónicas que los empresarios llamaban a un número, por eso la red fue bautizada «La Línea», para concretar un soborno con el objetivo de pagar menos impuestos de los establecidos por la ley.
