Santo Domingo.-La directora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), Nélsida Marmolejos, reveló que de 47 mil parientes de afiliados fallecidos, menos de 7 mil accedieron a la pensión.
Explicó que eso se debe a que hay como cinco causas o resoluciones que vulneran los derechos de los familiares de los afiliados al sistema.
“Es una situación bastante enojosa y que le quita crédito al sistema, que no está diseñado para que nadie que se quede con un centavo, y no es que la AFP no le pague y le devuelva a esa familia lo que tiene ahorrado ese afiliado, lo que pierde es el derecho a pensión, que es lo que más necesitan porque es continua”, explicó Marmolejos.
Dijo que esa protección ahora mismo está siendo conculcada y es uno de los temas más graves que tiene el sistema y, destacó al respecto, que incluso, han estado trabajando y enviando propuestas a la Superintendencia de Pensiones.
Reveló que el contrato aprobado por el Consejo entre las aseguradoras y las AFP está vencido hace cuatro años, pero que todavía se trabaja con el mismo.
Expresó, al ser entrevistada en el programa Tu Derecho a Saber que conducen Namphi Rodríguez, Elías Ruíz Matuk, José Gregorio Cabrera, Adelaida Martínez, Edward Tavárez y Francis Rodríguez, que aquí hay cientos de personas que cuando le hablan de pensión se horrorizan, no por el problema económico, sino porque se quedan sin ninguna protección de salud.
“No es justo que a 13 años del Sistema de Seguridad Social fundado; a 11 años del Sistema de Pensión corriendo; a 7 años del Sistema de Salud corriendo y usted pagando desde que empezó en el 2003, a la hora de usted pensionarse le digan que hay que esperar que el gobierno dé un dinero especial para que a usted le den su pensión, cuando la ley dice que usted está pagando su Seguridad Social”, manifestó indignada la directora de la DIDA.
Dijo que en lo que tiene que ver con los fondos de pensiones, con relación de la nueva ley tenemos solamente el derecho a pensión por discapacidad y sobrevivencia en lo que tiene que ver con el régimen contributivo.
Manifestó que el sistema todavía no ha madurado, ya que se está en la fase de acumulación y hay mucho dinero en ello. Ahora tenemos algunas dificultades para poder acceder a los fondos de pensiones, pero no tiene que ver necesariamente con las aseguradoras, sino con el funcionamiento administrativo.
“Tenemos muchas trabas, como las regulaciones ilegales que se han establecido en contra de la ley que no permitan que tu accedas al disfrute de salario. Por ejemplo, una persona que empiece a trabajar hoy, no sabe que está en una AFP, le dan un carnet y no le explican más nada”, dijo.
Explicó que “el sistema lo afilia a una AFP, esa persona puede tener un accidente de origen laboral o común y fallece. La familia no tiene idea, porque no hay un nivel de información para que los ciudadanos sepan, y si se enteran dos años después que su pariente estaba afiliado, lo correcto sería que a esa señora y a sus hijos le correspondiera su pensión por derecho, pero sucede que hay una resolución administrativa del Consejo que establece que después de dos años si no lo reclaman ya perdieron sus derechos a pensión. Ese dinero lo están perdiendo el pariente o descendiente”.
Destacó que hay otras resoluciones que son peores, entre las que señaló, que una de ellas, por ejemplo, es que si una persona después que llega a los 60 años tiene un accidente común no le corresponde fondo de pensiones porque lo excluyen del sistema, ya no puede acceder a los servicio aunque esté trabajando activamente.
“Esa situación impide que el afiliado acceda a los beneficios, por ejemplo a usted lo excluyen porque si esta persona se suicida, aunque haya trabajado y cotizado, no tiene derecho ni siquiera su familia a reclamar.
Manifestó que el reclamo cotidiano de la gente indica que hay que corregir muchas cosas y que por eso “insistimos que el sistema debería ser agilizar las respuestas a los reclamos de los afiliados porque no todos tienen para pagar abogados.
“Hay situaciones, como es el caso de la salud de los pensionados, en las que tenemos una denegación de la justicia y en la que se vulneran los derechos de los afiliados, pero no es que la ley es mala, es que los que la estamos aplicando no lo estamos haciendo bien”, dijo Marmolejos.
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Marmolejos explicó que el rol de la DIDA es orientar y ayudar a los afiliados a la Seguridad Social en los temas que tienen que ver con el sistema de la Salud, pensiones y riesgo laboral.
