La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) se unió a las entidades de la sociedad y el empresariado nacional que apoyan la posposición de la Ley 140-15, que regularía el notariado dominicano, al entender que esa legislación aumentaría de forma indiscriminada el costo del servicio, en detrimento de los sectores económicos y de la población.
Entiende que su aplicación limitaría el ejercicio de esa profesión, lo cual es inconstitucional.
El presidente de la entidad, Antonio Ramos, planteó que pese a la necesidad que existía de reformar la antigua Ley 301 que data del año 1964, este nuevo marco legal coloca a la República Dominicana en una situación anticompetitiva y de inequidad, ya que eleva de manera exorbitante los costos del servicio de un notario.
Sostuvo que limita el acceso de los ciudadanos, aumenta los costos de los negocios, aleja la inversión extranjera y añade al entorno un elemento más que podría aumentar la inseguridad jurídica y la informalidad, los cuales de por sí ya constituyen un enorme problema para el país.
Recordó que entidades como la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) han advertido que la aplicación de la norma tendría un impacto altamente negativo para millones de clientes del sistema financiero nacional, que sufrirían el encarecimiento de los créditos, impactados por el aumento de los gastos de cierre de los contratos para cubrir las nuevas tarifas por servicios notariales.
Dijo que otro punto desfavorable de la Ley de Notariado es que busca reducir el número de Notarios por cantidad de habitantes, lo cual es inconstitucional, al no permitir, en la práctica, a ningún ciudadano acceder a la profesión.
“Para las empresas representadas por ONEC es vital que esta Ley sea sometida a vistas públicas, donde participen todos los actores afectados por esta legislación, y que el resultado sea una regulación equilibrada, moderna, eficiente y equitativa”.
