SANTO DOMINGO. El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Mariano Germán Mejía, expresó su preocupación por algunas disposiciones contenidas en recién promulgada Ley 140-15 sobre Notariado Dominicano.
El magistrado reiteró que comparte la idea sobre la necesidad que existía en la República Dominicana de actualizar las normas relativas a los Notarios Públicos, ya que la anterior regulación, contenida en la Ley No. 301-64, del 30 de junio de 1964, sobre Notariado, no satisfizo los requerimientos de la sociedad.
Reveló que la SCJ y el CPJ realizan un estudio ponderado de la nueva normativa, debido a que en ella hay disposiciones que pertinentemente deben ser modificadas o derogadas porque su permanencia no es recomendable.
“La historicidad es un aspecto fundamental en la validación de las instituciones”, dijo, tras revelar que el contenido de la nueva pieza legislativa produce un rompimiento con las históricas funciones naturales del notario, tanto en el ordenamiento jurídico dominicano como en el Derecho comparado.
Ante los cambios que introduce la Ley 140-15, solicitó a los actores del sistema de administración de justicia actuar con prudencia y discernimiento, mientras el Poder Judicial toma las medidas más apropiadas a los intereses de la Justicia en relación a dicha ley.
La semana pasada, el presidente del Colegio de Notarios, Pedro Rodríguez Montero, afirmó que la nueva reducirá a su mínima expresión los embargos y desalojos irregulares, crea el registro de testamento y poderes, e incrementará los ingresos del Estado y los honorarios profesionales de los notarios.
Asimismo, dijo que fortalecerá la transparencia, la seguridad jurídica, y ampliará el mercado de trabajo de los notarios.
Comentó que instituye el Registro de Testamentos y Poderes, el cual permitirá que estos importantes documentos sean objeto de control por parte de la autoridad judicial, garantizando los derechos de los ciudadanos beneficiarios de los mismos. Destaca que este Registro estará bajo la responsabilidad del Consejo del Poder Judicial y su Departamento de Auxiliares de la Justicia.
