La Corte Suprema de Guatemala resolvió ayer «por unanimidad» dar trámite al pedido de antejuicio contra el presidente del país, Otto Pérez Molina, con el que se busca que se le retire la inmunidad para que sea investigado por su supuesta implicación en un caso de corrupción, informó a Efe una fuente oficial.
El antejuicio fue solicitado el pasado viernes por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), con el argumento de que tienen indicios que vinculan a Pérez Molina con una red de defraudación aduanera conocida como «La Línea».
El vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ángel Pineda, dijo a Efe que la resolución de dar luz verde al antejuicio se adoptó por unanimidad de los 13 magistrados del Supremo, que este martes celebraron un pleno extraordinario con el único fin de conocer dicha solicitud.
Los magistrados esgrimieron que, en virtud de los documentos presentados por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la CICIG, había «información» que establecía una «posible vinculación» del presidente con «La Línea».
«Hay circunstancias que vislumbran la relación como posible», sostuvo Pineda, quien agregó que, por este motivo es «importante» que se realicen las pesquisas oportunas.
Según fuentes legislativas consultadas por Efe, el expediente llegó al Congreso hoy y este miércoles será conocido por la Junta Directiva para, posteriormente, llevarlo a pleno el jueves para que también sea conocido.
En cuanto se cumplan los trámites legales oportunos el expediente se trasladará al Congreso de la República, que deberá designar una comisión investigadora para que determine si hay o no indicios suficientes para retirar la inmunidad al mandatario y presentar un informe al pleno.
Se requiere el voto favorable de 105 de los 158 diputados del pleno parlamentario para levantar la inmunidad al mandatario.
Pérez Molina ya superó un pedido de antejuicio al que dio trámite el Supremo.
El Congreso rechazó a mediados de este mes levantar la inmunidad al mandatario guatemalteco, lo que impidió que fuera investigado tanto por el caso de fraude aduanero como por una corruptela en el Seguro Social.
