Santo Domingo.-El regidor Waldi Taveras consideró este jueves que el conflicto entre el Ayuntamiento del Distrito Nacional y la empresa Impacto Urbano, con ganancia de causa para ésta última en los tribunales, es un episodio que debe llamar a la reflexión de los funcionarios públicos sobre cómo es que debe operar el Estado dominicano y sus instituciones.
Dijo que en la actualidad el país vive una etapa más institucional, diferente al pasado cuando los funcionarios de la cosa pública podían hacer lo que les viniera en gana, y amparados en que el Estado era inembargable “abusaban de los ciudadanos”.
Sin embargo, el regidor perredista ante la sala capitular del cabildo de la capital reconoció que en el caso del retiro de todas las vallas que Impacto Urbano tenía colocadas en Santo Domingo, Roberto Salcedo actuó por mandato de los concejales, no de manera unilateral.
En el umbral de un acuerdo
Taveras informó que se está pendiente de que las partes, ADN-Impacto Urbano, arriben a un acuerdo que consiste en el pago de unos 180 a 200 millones de pesos como compensación a favor de la empresa publicitaria.
Adelantó que se elaboró una propuesta de acuerdo que está pendiente de la aprobación por parte del consejo de regidores estableciendo dicho acuerdo, pero que todavía Impacto Urbano no ha dado su consentimiento al respecto.
En declaraciones exclusivas a El Nuevo Diario, dijo que la propuesta contempla que el dinero sea pagado en un período de 18 meses, o mejor dicho en un plazo de año y medio.
Historia del caso
Taveras recordó que se trató de un proceso en el que el ADN entendía que tenía calidad para rescindir, de manera unilateral, los contratos que existían entre el cabildo y las empresas de publicidad exterior, las cuales habían adquirido una concesión para la colocación de vallas en los espacios públicos.
“En eso surgió la diferencia con Impacto Urbano, por ser la primera empresa instalada, y procedieron de manera arbitraria y en virtud de la ejecución de una decisión del Consejo de Regidores, a desmontar todas las vallas publicitarias que tenía esta empresa en el Distrito Nacional”, sostuvo.
El caso envolvió un proceso penal y otro contencioso administrativo, de los cuales resultó ganancioso Impacto Urbano, que terminó ganando una demanda por daños y perjuicios.
Explicó que en el caso los funcionarios del ADN actuaron incorrectamente al interpretaron mal la ley, a pesar de que actuaban en cumplimiento de un mandato del Consejo de Regidores.
“Nosotros entendíamos que en vez de seguir litigando sobre diferentes aspectos y presentando más incidentes, lo más lógico era que ambas partes se sentaran y buscan un acuerdo intermedio sobre los más de 50 millones de dólares que planteaba Impacto Urbano que había perdido en todas sus vallas que fueron desmontadas y posteriormente llevadas a Metaldom como si se tratara de chatarras”, manifestó.
Se recuerda que la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el pago de un astreinte (condena pecuniaria) contra Roberto Salcedo por RD$31 millones a favor de Impacto Urbano.
El mismo tribunal había puesto en subasta dos apartamentos propiedad de Roberto Salcedo para hacer frente al referido pago, lo que quedaría sin efecto si finalmente se llega a un acuerdo entre las partes, como anuncia Waldi Taveras.
