SANTIAGO.- El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ray Guevara, instó hoy a la Organización de Estados Americanos (OEA) a pedir perdón a República Dominicana por autorizar, en abril de 1965, una intervención armada internacional en el país, en la que murieron miles de personas, la mayoría inocentes.
«En vez de presionar al país para que no aplique sus normas migratorias conforme a sus leyes y convenciones internacionales, es tiempo de que la OEA pida perdón al pueblo dominicano por la cobertura que dio a la intervención norteamericana de 1965», dijo al dictar la conferencia «Constitución, tolerancia y soberanía», en el marco de la presentación de los jueces del Pleno en Samaná (noreste).
Guevara, además, señaló que la institución panamericana está «en permanente crisis de credibilidad, y es hogar de representantes de los dictadores Augusto Pichochet (Chile), Fulgencio Batista (Cuba), Pérez Jiménez, Strossner, Videla, Rojas Pinillas, Jean Claude Duvalier (Haití), o Rafael Leonidas Trujillo (República Dominicana), entre otros.
El presidente del Constitucional opinó que unas disculpas públicas servirían como desagravio a los héroes de la revolución abril de 1965, fecha en la que el pueblo dominicano se levantó en búsqueda de la restitución de su democracia, que le fue usurpada en 1963.
En su intervención, Guevara también aludió a la crisis migratoria con Haití, e interpeló a los miembros del organismo diciendo: «Oigan bien señores de la OEA, en el caso específico del tema de la nacionalidad, entre República Dominicana y Haití no hay posibilidad de apatridia, es decir, de personas sin nacionalidad».
«El artículo 11 de las constituciones haitianas de 1987 y 2011 proclaman que posee la nacionalidad haitiana de origen todo individuo nacido de padre o madre haitiana», expresó.
Además, señaló que en la República Dominicana hay haitianos indocumentados por su propio país, no apátridas, como han pretendido demostrar organismos internacionales.
Subrayó que el establecimiento de las normas relativas a la migración y el régimen de extranjería corresponde al Congreso Nacional, que no puede delegar sus atribuciones.
En tal contexto, observó que todos los poderes públicos están en la obligación de respetar y hacer respetar el artículo 3 de la Constitución, que dice que República Dominicana tiene soberanía nacional y que es un Estado libre e independiente de todo poder extranjero, y que es inviolable.
Para el alto magistrado, el principio de la no intervención, constituye una norma invariable de la política internacional dominicana.
En ese sentido, dijo que, frente a las acechanzas y conjuras contra el pueblo dominicano, los poderes públicos responsables deben ponderar lo expresado por algunos sectores, como el economista Eduardo García Michel, que plantean que «urge modificar la Constitución para eliminar el ius soli, estableciendo el ius sanguinis, como requisito único para obtener y ostentar la nacionalidad dominicana».
Conforme a su apreciación, de esa forma se blinda la nacionalidad dominicana, y añadió que ese sistema existe en países considerados de aplicación de democracia muy avanzada como Suecia, Noruega y Dinamarca.
«Para el porvenir sólo serían dominicanos los hijos de madres o padres dominicanos y, quienes la adquieran por naturalización y por matrimonio, en las condiciones que determine la ley», insistió Ray Guevara. EFE
