Bolivia debe despenalizar el aborto en caso de riesgo para la vida de la madre o del feto, o tras una violación, según sugirió este lunes el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Bolivia se sometió el pasado 14 de julio al escrutinio del CEDAW y hoy este organismo ha hecho públicas las conclusiones sobre dicha evaluación.
«Bolivia debería modificar las normas legales para despenalizar el aborto y asegurarse que es legal en los casos de amenazas a la vida o la salud de la madre, violación, incesto o serios problemas para el feto», indica el texto.
Además, las conclusiones piden al Estado boliviano que implemente la decisión de la Corte Constitucional sobre la no necesidad de autorización judicial para efectuar una interrupción del embarazo en caso de violación.
En la misma línea, las miembros del Comité muestran su preocupación por los altos índices de mortalidad materna y el limitado acceso a infraestructuras de salud para mujeres embarazadas, especialmente por mujeres indígenas en zonas rurales.
Asimismo, las expertas se muestran inquietas por el alto índice de embarazos adolescentes; la falta de educación sexual y derechos reproductivos; la poca disponibilidad del acceso a los programas de planificación sexual; y la dificultad de acceso a los métodos anticonceptivos.
Las expertas también están muy preocupadas por la alta prevalencia de «casos de violencia de género, tanto física, sexual como económica, y la falta de una estrategia para prevenirla».
En este sentido el Comité se lamenta del bajo número de imputación y condenas a responsables de violencia contra las féminas.
«El Comité recomienda al Estado que como una prioridad y en un tiempo específico desarrolle una estrategia para prevenir la violencia contra las mujeres».
Asimismo, las expertas piden que los casos de violencia de género «bajo ninguna circunstancia» se refieran a los procedimientos de resolución de disputas, sino que sean juzgados por tribunales de justicia.
El texto también se refiere a la trata de personas y al alto índice de tráfico de mujeres, especialmente en zonas fronterizas.
Las expertas se lamentan del bajo número de mujeres con responsabilidades políticas, por lo que sugiere que se establezcan medidas transitorias, como el establecimiento de cuotas.
Con respecto al trabajo, las expertas se alarman de que la legislación nacional permita emplear a niñas de diez años y pide encarecidamente que se eleve la edad laboral hasta los 15 años.
