La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), al igual que otras organizaciones empresariales e instituciones públicas, saludó la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Reestructuración Mercantil, la cual fue el fruto de un ejemplar proceso de consenso entre los sectores público y privado que culminó con el efectivo impulso de varios legisladores, senadores y diputados, para hacer de esta ley una realidad.
Circe Almánzar, vicepresidente ejecutiva de la AIRD, aseguró que este instrumento jurídico ofrecerá a las empresas la oportunidad de superar las dificultades económicas y salvaguardar su inversión cuando se presentan dificultades, con el objetivo de facilitar su reestructuración económica y que las mismas puedan mantenerse como unidades productivas, contribuyendo así al bienestar económico y social.
Recordó que la carencia hasta el momento de este importante instrumento legislativo constituía una de las grandes debilidades de la República Dominicana en el ranking de Doing Bussines elaborado por el Banco Mundial, por lo que esperan que con su entrada en vigencia el país mejorará significativamente su posicionamiento a nivel internacional; ya que dicha ley permitirá a las empresas sortear dificultades financieras y salvaguardar, tanto la protección de los empleados en empresas que enfrentan circunstancias de este tipo, como los derechos y acreencias de los inversionistas.
“Esto contribuye a la seguridad jurídica en la inversión, contribuye a sostener el empleo y, en todo caso, a proteger el derecho de los empleados, señaló la vicepresidente ejecutiva de la AIRD.
“Es muy importante tanto para los deudores como para los acreedores e incluso se trata de un empujón en la dirección de la formalidad, ya que todo aquel que quiere acogerse a este marco legal tiene que estar formalizado y al día en el pago de sus impuestos”, expresó Almánzar.
La iniciativa legislativa fue impulsada por el Consejo Nacional de Competitividad desde el 2007, como aprte del Plan Nacional de Competitividad Sistémica y promovida posteriormente por el Viceministerio de Competitividad del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPYD). La misma Establece plazos durante los cuales los agentes del sistema financiero no podrán cobrar intereses ni embargar, como mecanismo para que las empresas logren superar las dificultades de liquidez que se presentan y que los empleados no queden en la calle desprotegidos.
