La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRI) determinó hoy que las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) tendrán que reponer a sus afiliados los gastos en que incurran de acuerdo a las tarifas vigentes, mientras persista el conflicto con los especialistas en Otorrinolaringología.
El pasado 16 de febrero, la Sociedad Dominicana de Otorrinolaringología anunció la suspensión del servicio médico de sus especialistas a los afiliados de las ARS, alegando incumplimiento de contrato por parte de éstas desde 2009, al negarse a ajustar las tasas anuales de indexación, negar codificación a los otorrinos de nuevo ingreso a la sociedad y no revisión del manual procedimientos de la especialidad».
En un comunicado de prensa, la entidad advirtió de que adoptará decisiones en resguardo de la población, que podrían incluir establecer tarifas que entrarían en vigencia hasta que el nuevo Plan Básico de Salud sea aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social.
El director de la SISALRIL, Pedro Luis Castellanos, señaló que «hemos dado un plazo razonable para que se depongan las acciones en perjuicio de los pacientes y se alcancen acuerdos entre prestadores y administradores de riesgos de salud».
«De lo contrario, la SISALRIL adoptará las decisiones que correspondan en resguardo de la población, las cuales podrían incluir establecer las tarifas que estarán en vigencia hasta que el nuevo Plan Básico de Salud sea aprobado por el Consejo Nacional de la Seguridad Social», .
Asimismo, la entidad llamó a deponer las medidas de suspensión del servicio de las ARS «que afectan sensiblemente a los pacientes» y exhortó a estas empresas a que pongan su mejor disposición para alcanzar acuerdos razonables, que no comprometan el equilibrio financiero del Seguro Familiar de Salud.
Castellanos recordó que la SISALRIL se puso a la disposición como árbitro conciliador, y tachó de «inaceptable que se suspendan los servicios médicos o se eleven los cobros a los pacientes de forma unilateral».
«Igualmente, es inaceptable que se prolongue una situación de conflicto tan dañina para los afiliados, sin que se adelanten negociaciones por parte de las ARS y los prestadores de servicios de salud involucrados. Estas acciones incrementan la desigualdad social y ponen en riesgo la salud de la ciudadanía».
Además, recordó que la contratación de médicos está regida por contratos de gestión que se establecen por mutuo acuerdo con las ARS y son aprobados por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, y solo pueden modificarse por acuerdos entre las partes o por actualización del Plan Básico de Salud, respetando los derechos de los pacientes y sin afectar a la sostenibilidad financiera del sistema.
