Varias organizaciones, encabezadas por el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD) pidieron al Consejo Económico y Social (CES) reclamar a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) detener «de inmediato» el proceso de licitación pública internacional para la compra carbón mineral para las plantas de Punta Catalina, el cual consideran ilegal.
En una carta enviada al presidente del CES, Agripino Núñez Collado, las organizaciones explican que la juramentación, por parte de Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, de tres comités de licitaciones para evaluar los nuevos contratos de la central termoeléctrica, sin incluirse en las discusiones del Pacto Eléctrico y sin ofrecerse detalles a los organismos que integran la mesa del Pacto genera preocupación.
«Nuestras entidades han tramitado repetidamente y por diferentes vías solicitudes de información, requerimientos de documentos y la exhortación a transparentar el proceso (de licitación), en el interés de que este proyecto fuera incluido, como lo propuso el propio gobierno, como un elemento fundamental en la discusión del Pacto Eléctrico», dicen en la misiva a Núñez Collado.
Afirman que tras su petición de información los funcionarios de la CEDEEE se han comprometido públicamente a entregarlas, pero «hasta el momento ninguna respuesta efectiva hemos tenido».
«Mientras el CES y el CTA trabajan para organizar e iniciar la discusión del pacto en las Mesas de Trabajo, el gobierno afecta la transparencia del proceso, y crea, al no cumplir las obligaciones contraídas, una situación de hecho que solo contribuye a malograr el esfuerzo de todos los sectores de la sociedad representados en el CES y más allá», indican.
Agregan que la actitud de no entregar informaciones sobre el proceso de licitación para la compra del combustible para las plantas de Punta Catalina, da a entender que los funcionarios de la CDEEE quieren imponerse previamente respecto de las cuestiones fundamentales que ellos mismos han propuesto, y se «encaminan hacia la creación de una situación similar a la ocurrida cuando se discutía el abortado Pacto Fiscal».
«Todo parece indicar que otra vez no se quiere discutir el Pacto Eléctrico sino imponer el propio, sin tomar en cuenta a ningún sector organizado, lo cual daña el ejercicio democrático, el esfuerzo por construir ciudadanía y la concreción de políticas públicas orientadas a la justicia social y al desarrollo», se quejaron.
