Santo Domingo.- La Cámara de Diputados aprobó este martes en segunda lectura y con modificaciones, el Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, que establece las regulaciones para ordenar el uso de suelo.
La pieza, que ahora va al Senado para su escrutinio, pasó con 106 votos a favor y tres en contra, y acoge los cambios sugeridos por el diputado Eugenio Cedeño, para que se incluya a los distritos municipales en el alcance de la ley.
El proyecto manda al ordenamiento del territorio tomando en cuenta la adaptación al cambio climático, los desequilibrios y desigualdades territoriales, la sostenibilidad ambiental, la gestión integral de riesgos, la competitividad económica y la calidad de vida de la población.
También prohíbe la instalación de asentamientos humanos en lugares vulnerables o de alto riesgo, zonas de alta productividad agrícola, suelos clase I y II, y todas aquellas áreas no permitidas por las leyes.
Los diputados rechazaron una propuesta de la congresista Guadalupe Valdez para que la pieza quedara sobre la mesa, “debido a que no se había estudiado lo suficiente por falta de tiempo”. “No podemos seguir aprobando proyectos de ley que los legisladores no hayan tenido por lo menos veinticuatro horas para poderlo estudiar como dicen los reglamentos”, planteó.
Al pedido de Valdez respondió el presidente de la CD, Abel Martínez, argumentando la necesidad de aprobar la pieza como un respaldo al trabajo de la comisión de Asuntos Municipales, que tuvo a su cargo el estudio, y a la que felicitó por su trabajo. “Nuestra misión es darle el respaldo a la comisión que ha hecho un trabajo prudente, sensato”, dijo Martínez, al tiempo de señalar que, aunque en el Senado se puedan presentar nuevas modificaciones, el que se aprobara en la Cámara era un paso de avance.
Mientras el diputado José Altagracia González, proponente del proyecto, clamó a sus colegas para que lo aprobaran de una vez y por todas, ya que llevaba más de dos años conociéndose en comisión y que se había hecho ya todo tipo de seminarios para discutirla. Recordó que el proyecto, aprobado en primera lectura el pasado 6 de mayo, es una mandato constitucional.
El Proyecto
Según la propuesta aprobada por los diputados, cualquier persona física o moral que desea ejercer el derecho a desarrollar actividades y usos, a modificar, a fraccionar, refundir, o a construir, en cualquier parte del territorio, queda sujeto a la obtención de autorizaciones administrativas de acuerdo al uso respectivo, salvo las excepciones que se establecen.
