La primera ministra bangladesí, Sheij Hasina, pidió castigar a los inmigrantes que abandonen Bangladesh ilegalmente por mar en dirección al Sudeste Asiático además de a los traficantes que los captan en sus redes, porque manchan la imagen del país, informaron hoy los medios locales.
«Están manchando la imagen del país al tiempo que ponen sus vidas en peligro», dijo ayer Hasina en un encuentro con altos cargos del Ministerio de Trabajo, citada por las agencias nacionales BSS y UNB según recogen varios diarios bangladesíes.
«Creo que esta tendencia clandestina se detendrá si aquellos que buscan fortuna desde el país ilegalmente son castigados igual que sus intermediarios», subrayó.
Hasina pidió al Ministerio de Trabajo que conduzca campañas publicitarias orientadas a los emigrantes, «de manera que la gente aprenda que no debe dar dinero a intermediarios para ir al extranjero, pues así caen en una trampa».
La primera ministra bangladesí afirmó que su Gobierno ha llevado a cabo varias iniciativas para mejorar el bienestar de emigrantes y expatriados bangladesíes y lamentó que, pese a ello, algunas personas opten por un «camino incierto».
«¿Por qué van? No es correcto que todos lo hagan motivados por la pobreza. Parece que buscan un sueño dorado, que se puede ganar mucho dinero fuera. Esto es una especie de enfermedad mental. Podrían haber llevado una vida confortable aquí con buenos trabajos», agregó.
Unos 3.000 inmigrantes de la minoría rohinyá que huyen de la persecución en Birmania y ciudadanos bangladesíes que escapan de la pobreza en su país han desembarcado en las últimas dos semanas en Indonesia, Malasia y Tailandia.
La crisis migratoria comenzó después de que Tailandia, el primer destino geográficamente, hallara campos de detención de inmigrantes en su jungla a principios de mayo.
El hallazgo desató una campaña contra el tráfico de personas que provocó la desbandada de los capos de las redes de tráfico, quienes abandonaron navíos dejando al pasaje en situación precaria.
Las declaraciones hechas ayer por Hasina son las más significativas efectuadas desde el comienzo de la crisis por el Gobierno de Bangladesh, uno de los orígenes de la ola migratoria.
En suelo bangladesí residen unos 30.000 refugiados rohinyá y decenas de miles de miembros más de esa comunidad que no tienen estatus de refugiado y que legalmente no pueden trabajar, acceder fácilmente a educación o buscar amparo en la Justicia.
En la segunda semana de mayo, la Policía bangladesí aumentó la presión contra los traficantes locales de seres humanos y acabó con la vida de cinco de ellos en tiroteos en el distrito meridional de Cox’s Bazar, al tiempo que arrestó a un número indeterminado.
