La jueza de la Instrucción Especial interina de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo decidirá hoy si envía o no a juicio de fondo a los implicados en las sustracción de 950 kilos de cocaína incautados por la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN), para presuntamente comercializarlos.
La magistrada Daisy Indhira Montás conocerá a las 10 de la mañana la solicitud de apertura a juicio presentada por la Procuraduría de la Corte de Apelación de esa jurisdicción en contra de los imputados los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro.
También en contra del ex coronel Fernández Valerio, el ex teniente coronel Félix Humberto Paulino López, el ex mayor Luciano Gómez Cabrera, el ex primer teniente Bárbaro Torres Beltrán, el ex sargento Pedro José Almánzar González y el excabo Agapito Muñoz Evangelista.
La solicitud de juicio preliminar también incluye al ex sargento Antolín de los Santos Zabala, la ex raso Raydiris Lironely García Miranda y los civiles Cecilia Castillo Durán y Miguel Ogando Ogando.
Los procuradores Eduard Robel Rodríguez y Jeremías Nova Fabián solicitaron juicio preliminar en contra del grupo, para que en un juicio de fondo respondan por los hechos que se le imputan.
Igualmente, piden que en cuanto a la medidas de coerción consistente en prisión preventiva que le fue impuesta a los imputados, que las mismas sean mantenidas con todo su rigor, ya que las razones que la motivaron aun se mantienen.
Asimismo, el Ministerio Público busca que sean admitidas todas y cada unas de las piezas probatorias aportadas, en virtud de que las mismas fueron obtenidas de manera licita y de igual forma incorporada al proceso, por ser pertinentes, útiles, relevante y vinculantes a cada uno de los imputados.
En la solicitud de apertura a juicio el Ministerio Público aporta como pruebas testimoniales, los testimonios de los procuradores generales adjuntos Bolívar Sánchez e Iván Lorenzo, del procurador general adjunto José Alberto Jiménez y del fiscal Félix María Contreras Sánchez, del general Orlando Pichardo Reynoso y del teniente coronel Edwin Marrero Castillo.
Al grupo se le acusa de coalición de funcionarios, tráfico ilícito de droga, tráfico de influencia, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y lavado de dinero producto del narcotráfico, entre otros.
Parte del grupo guarda prisión luego de que el pasado 17 de enero, la magistrada Wendy Martínez Mejía, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de esa jurisdicción, dictara un año de prisión preventiva en contra de los imputados, quienes se encuentran recluidos en la cárcel de Najayo y la cárcel del nuevo modelo de San Pedro de Macorís.
