Buenos Aires, La muerte de dos niños en el incendio de una vivienda utilizada como taller textil clandestino ha sacudido a la opinión pública argentina y ha destapado la existencia de cientos de denuncias sin investigar y mafias que controlan este negocio ligado a la venta ilegal.
Los niños, de 7 y 10 años, murieron el lunes en un incendio que se declaró en su vivienda en Flores, un barrio popular de Buenos Aires, donde en los últimos años han proliferado este tipo de talleres clandestinos.
De nada sirvió que este lugar, según se ha sabido hoy, fuera denunciado el año pasado por la ONG La Alameda, que acaba de demandar a varios funcionarios del Gobierno de la ciudad, que encabeza el conservador Mauricio Macri, por incumplir sus responsabilidades.
La Alameda denunció, en septiembre del pasado año, la existencia de 30 talleres, entre ellos el siniestrado, para pedir su clausura, pero la vivienda nunca llegó siquiera a ser inspeccionada.
«No hicieron la tarea que les corresponde. Por eso estamos pidiendo a la Justicia que se inicie un proceso de investigación penal sobre los funcionarios responsables. Son cómplices de la muerte de los dos niños. Creemos que hay que hacer Justicia por la muerte de estos dos chiquitos», afirmó hoy a Efe, Lucas Schaerer, miembro de la organización.
La denuncia alcanza, entre otros, al jefe de Gabinete de Macri, Horacio Rodríguez Larreta, ganador de las primarias que se celebraron el domingo en Buenos Aires, apenas un día antes del siniestro.
«Si hubiera habido una preventiva por parte del Estado y no una actividad coimera (de sobornos) y mafiosa hubiéramos evitado la muerte», continúa Schaerer.
Según estimaciones de La Alameda, sólo en barrios como Flores o Avellaneda, en la zona sur de Buenos Aires, hay más de 3.000 talleres textiles clandestinos, con un promedio de 7 a 10 costureros, en conjunto, «unas 30.000 personas esclavizadas en pleno siglo XXI».
El sindicato de la confección, asegura, únicamente tiene registrados 30.000 trabajadores legalizados, en una industria que emplea a 400.000.
«Estamos hablando de 370.000 trabajadores que están en la completa ilegalidad», añade.
Los trabajadores que terminan en estos talleres, por lo general, son inmigrantes de Bolivia, Perú o Paraguay que llegan al país en un grupo familiar, atraídos por anuncios en radios o periódicos que prometen paga en dólares y vivienda.
Nada más lejos de la realidad, terminan como víctimas del tráfico de personas y les arrebatan sus documentos para retenerlos a la fuerza.
«Son reducidas a la servidumbre en la capital y en el conurbano, pueden cumplir jornadas que exceden las 14 y 16 horas, que supera lo que la Organización Internacional del Trabajo considera servidumbre», afirma Schaerer.
