SANTO DOMINGO.- El senador por Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, presentó al Senado un proyecto de ley mediante el cual se ordena transferir el 50 por ciento de las recaudaciones realizadas por las aduanas fronterizas a los ayuntamientos de las provincias limítrofes con Haití; Independencia, Dajabón, Montecristi, Pedernales y la que él representa.
La pieza legislativa se justifica en función de que las provincias ubicadas en la región fronteriza se encuentran entre las más pobres del país y ocupan los primeros lugares entre las de más altos índices de pobreza extrema, explicó Sánchez Roa.
En el considerando tercero, el proyecto indica que la actividad comercial que realiza la República Dominicana con Haití deja sus secuelas negativas en las provincias fronterizas, específicamente en el medio ambiente y en las infraestructuras viales, entre otros daños que deben ser resarcidos.
En el considerando quinto, el proyecto plantea que debido a la escasa actividad empresarial, comercial y de negocios existentes en esta región, no obstante la Ley de Incentivo al Desarrollo Fronterizo, los ayuntamientos locales no pueden recibir el pago de tributos o arbitrios para cubrir mínimamente sus gastos operacionales y poder ofrecer los servicios públicos básicos a los ciudadanos.
Otro de los considerandos, el cuarto; sostiene que la región vive un estado desolador y de abandono, lo que ha provocado que los pobladores se vean obligados a migrar a grandes ciudades, no solo engrosando los cinturones de miseria de esas urbes, sino dejando deshabitados amplios territorios, los cuales están siendo ocupados por inmigrantes ilegales haitianos, existiendo actualmente demarcaciones donde la población de esos extranjeros supera el 50 por ciento del total de sus habitantes, con todas las consecuencias sociales, económicas, de salubridad e inseguridad nacional que esto conlleva.
Mientras, el considerando sexto establece que; conforme al artículo 10 de la Constitución de la Republica, es deber del Estado propiciar el desarrollo fronterizo de manera equilibrada y justa, atendiendo prioritariamente a los ciudadanos con mayores necesidades a los fines de hacer realidad el cumplimiento de los derechos fundamentales que deben disfrutar todos los ciudadanos dominicanos.
