SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y Transparencia, (FJT), tras depositar formal desistimiento por escrito del amparo preventivo, sometido ante el Tribunal Superior Administrativo, el pasado 25 de marzo en contra del Congreso Nacional, por la eventual violación de losartículos 22, numerales 1 y 2; 75, numeral 2; 208 y 272, por el intento de los peledeístas de modificar la Constitución sin un referendo aprobatorio.
Informó que no se pudo conocer en audiencia el documento, por la falta de constitución del tribunal, aplazándose la audiencia para el próximo 6 de mayo, además de la presencia y participación de un nuevo interventor voluntario.
En el escrito depositado se explican las razones que condujeron a la entidad a tomar la decisión, puntualizándose que ya ha ocurrido y se ha concretado el inicio de lo peor, justificándose por demás un amparo, no necesariamente preventivo, en razón de que ya no se trata de prevenir una amenaza, la violación se ha materializado con la acción anti-democrática perpetrada por el comité político del Partido de la Liberación Dominicana PLD, el cual en violación al artículo 76 de la constitución ha suplantado las funciones del congreso como primer poder del estado, al establecer por voto mayoritario de su membresía que se aprestan a modificar la constitución para habilitar al Presidente Medina, para un nuevo mandato presidencial.
Asimismo para la entidad fue notorio y de una cobertura sin precedente la parafernalia comunicacional desplegada por sectores reeleccionistas, con la intención de desacreditar mediáticamente a la fundación, su presidente y a sus directivos y abogados, además de presionar y descalificar al Tribunal Superior Administrativo, con acusaciones de que sectores políticos estarían detrás de una sentencia favorable, llevando incluso al asedio, presión y cuestionamientos, que prácticamente obligaron a que dos juezas del superior administrativo tuvieran que inhibirse.
«Queremos manifestar nuestro más profundo rechazo al restablecimiento de la reelección presidencial, en detrimento y desconocimiento de la institucionalidad, arrastrando a la clase política al mayor de los descréditos que pudieran registrar su historia, y eventualmente poniendo en riesgo la gobernabilidad democrática».
«Al tiempo que le hacemos un llamado, primero a los legisladores para que resistan y desoigan las amenazas y coacciones a que han sido sometidos para que aprueben en contra de su voluntad una reforma constitucional a todas luces perturbadora y atentatoria al orden jurídico e institucional de la República Dominicana, y segundo al Presidente Medina para que reflexione y deje sin efecto sus aspiraciones, convirtiéndose en el árbitro que lideré y encabece el proceso de reformas institucionales pendientes, tales como la ley partidos políticos, reforma a la ley electoral, ley de mecanismos de participación popular, entre otras disposiciones necesarias para garantizar un certamen electoral justo y transparente», destacó.
