Moscú, – El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó hoy un decreto por el que levanta la prohibición de suministrar sistemas de misiles antiaéreos S-300 a Irán, vigente desde 2010, informó el Kremlin.
El decreto elimina la prohibición de tránsito por el territorio de la Federación Rusa de esos sistemas de misiles, su cruce por la frontera rusa y el suministro a la República Islámica de Irán de sistemas S-300.
Poco antes, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, anunció que Rusia exigirá el levantamiento del embargo internacional de armas a Teherán una vez se firme el acuerdo nuclear con Irán a finales del próximo mes de junio.
«Rusia exige su levantamiento como primer paso tras el cierre del acuerdo» definitivo sobre la política nuclear de Irán, dijo Riabkov.
Irán y las potencias del Grupo 5+1 alcanzaron hace pocos días un acuerdo preliminar que prevé que el programa de enriquecimiento de uranio iraní sea limitado y supervisado por un periodo de hasta 25 años, y establece que el 95 % del uranio ya producido sea diluido o enviado al exterior.
El tratado consensuado, que establece «controles estrictos» de las actividades nucleares iraníes por parte del OIEA, también prevé el levantamiento de las sanciones nucleares impuestas por EEUU y la Unión Europea contra Irán.
En 2010, el entonces presidente ruso, Dmitri Medvédev, canceló el contrato para el suministro de los S-300 en aplicación de una resolución sancionadora de la ONU que restringe el suministro de armas convencionales a Irán.
Según el contrato firmado en 2007, Rusia debía haber suministrado a Irán al menos cinco baterías de sistemas móviles de defensa aérea S-300, capaces con sus misiles de abatir simultáneamente varios objetivos.
Los S-300 son similares a los Patriot estadounidenses y capaces de seguir y abatir varios blancos simultáneamente a alturas de hasta 27 kilómetros, con un alcance de hasta 200 kilómetros.
Estas baterías antiaéreas móviles son mucho más eficaces que los también sistemas antiaéreos Tor M-1, que Irán compró a Rusia por 700 millones de dólares en 2005, contrato que Israel describió como una «puñalada en la espalda».
