El representante de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, Alberto Brunori, lamentó ayer el retraso existente en la reapertura del juicio por genocidio en contra del exdictador militar José Efraín Ríos Montt.
«El Alto Comisionado reitera que la obligación de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad es una norma de carácter imperativo», sostuvo Brunori en referencia al tema, tras presentar el informe de labores del organismo durante el año 2014.
Ríos Montt fue condenado en 2013 a 80 años de prisión por el delito de genocidio, pero la sentencia fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal del país, por errores en el proceso y ordenó un nuevo debate oral y público.
El ex jefe de Estado de Guatemala (1982-1983) es acusado por la Fiscalía junto a su antiguo jefe de Inteligencia Militar José Rodríguez por el asesinato de 1.771 indígena ixiles en Quiché (norte), durante su régimen de facto.
El supuesto genocidio se llevó a cabo durante la guerra interna que desangró a la nación centroamericana durante 36 años, entre 1960 y 1996, y que dejó a 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos.
El segundo juicio debió comenzar el pasado 5 de enero pero se suspendió debido la recusación que se presentó contra la jueza Janeth Valdéz, presidenta del Tribunal B de Mayor Riesgo, a cargo del debate oral y público.
La Sala de Apelaciones no ha resuelto el caso y se desconoce cuándo se celebrará el segundo juicio en contra del exgeneral, quien asistió en una ambulancia y permaneció en una camilla postrado en la audiencia del 5 de enero debido a su estado de salud.
Dos testigos en contra de Ríos Mont en el primer debate oral han fallecido, uno por causas naturales y otro por falta de acceso a servicios de salud, según fuentes de la parte acusadora.
