Un juzgado chileno acogió ayer a trámite una querella de diputados derechistas contra el hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, por supuesto tráfico de influencias y uso de información privilegiada relacionados con un negocio inmobiliario hecho por su esposa.
La acusación fue interpuesta el pasado 11 de marzo pasado por parte de los diputados de derechista partido Renovación Nacional (RN) Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards.
El caso se centra en un millonario negocio inmobiliario en el que participaron Dávalos y su esposa, Natalia Compagnon, al adquirir terrenos en la región de O’Higgins con un préstamo facilitado por el dueño de uno de los mayores bancos de Chile y venderlos luego a un mayor valor.
El préstamo se aprobó un día después de que Michelle Bachelet ganara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 15 de diciembre de 2013, cuando Dávalos trabajaba como gerente de proyectos de Caval, la compañía que recibió el dinero.
El recurso judicial busca establecer la participación en presuntos delitos de uso de información privilegiada y tráfico de influencias por parte del hijo de Bachelet, del actual secretario regional ministerial (Seremi) de Vivienda en la región de O’Higgins, Wilfredo Valdés; de la arquitecta Cinthia Ross; y el exdirector de la municipalidad de Machalí Jorge Silva.
La querella apunta a investigar posibles gestiones para cambiar el plan regulador de la región de O’Higgins y elevar la plusvalía de las haciendas Santa Cecilia, Santa Elena y San Diego, adquiridos por la sociedad Caval, de la cual es propietaria en un 50% Compagnon.
El caso ha desatado uno de los peores escándalos políticos conocidos en Chile y ha golpeado fuertemente la popularidad de Bachelet, quien según una encuesta difundida hoy tiene sólo un 30 % de aprobación y un 60 % de rechazo.
La propia mandataria se refirió hoy indirectamente al caso y dijo que todas las personas en Chile son iguales ante la ley.
Por otra parte, el Gobierno desmintió hoy que a Margarita Soto, la madre de Compagnon que se desempeña en la estatal Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), se le hubiera más que duplicado el sueldo en el último año, a 2.247.699 pesos (unos 3.600 dólares) mensuales, como publicó un periódico.
Según la Junji, Margarita Soto gana 968.229 pesos mensuales (unos 1.550 dólares) y la cifra anterior la recibió por única vez el pasado enero por la acumulación de varios beneficios no permanentes, entre ellos un aumento salarial acumulado de varios meses y un bono de vacaciones.
