Las estancias infantiles de la Seguridad Social surgieron en un primer momento como un plan piloto de guardería, cercana a una zona franca en Puerto Plata, apoyada por el seguro social de salud, para que los padres trabajadores contaran con un lugar seguro para dejar a sus hijos.
En el año 1990, a raíz de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) emprendió el proyecto. Sin embargo, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que avalan otros estudios, a pesar de los esfuerzos, en una escala entre cero y diez, el país alcanza un índice de 4.1 en el cumplimiento de los derechos de la infancia.
Fue en el 2001 cuando entró en vigencia la Ley 87-01, sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que dispone 0.10% del 10% que se le descuenta al empleador y al afiliado para el financiamiento del Régimen Contributivo de Salud.
Insuficiente
Esa décima parte pasa al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) para cubrir las estancias infantiles, lo que se traduce en que reciben un ingreso per cápita de RD$2,000 por cada niño, fondos que son insuficientes para cubrir todos los gastos de los centros de atención.
Así lo expresa la directora de la Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura (AEISS), Liliam Rodríguez, quien solicita que se revise el financiamiento de los servicios que se ofrecen en las estancias, debido a que considera como muy poco ese 0.10%. Según calcula, reciben entre RD$24 y RD$69 al mes por cada padre contribuyente del sector público o privado.
“Ese 0.10% no se compadece con esta cartera de servicios tan ambiciosa. Por cada dólar que invertimos en primera infancia, las naciones que lo hacen reciben siete dólares devueltos”, manifestó al resaltar que de la inversión depende que se expanda esta fórmula de atención, y pueda llegar a un mayor público.
En vista de que lo que recaudan de la seguridad social no cubre todos los gastos, se ayudan con los aportes del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), la Tesorería Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), el sector sindical, empresarial y el Gobierno, además de la colaboración de organizaciones internacionales como Unicef.
