El exjefe de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican) y el exjefe de operaciones apelarán mañana la medida de coerción de un año de prisión preventiva impuesta en su contra por la jueza Wendy Martínez la madrugada del sábado, junto a otras siete personas, entre fiscales, oficiales y subalternos, implicados en el robo de 950 kilos de droga durante un allanamiento realizado el 27 de septiembre en el ensanche Isabelita.
Los abogados Francisco Javier Azcona, defensa legal del exdirector de la Dican, coronel Carlos Fernández Valerio, y Ramón Guzmán, del exjefe de operaciones, teniente coronel Félix Humberto Paulino López, anunciaron que recurrirán la resolución de la jueza especial de instrucción por ante el Pleno de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, luego que le sea notificada formalmente.
Ambos cuestionaron la decisión, la que calificaron de ilógica y contradictoria. También criticaron el expediente acusatorio del ministerio público, el cual consideraron débil.
Azcona sostuvo que la magistrada hizo una interpretación totalmente errada, alejada de los preceptos del derecho y de la normativa procesal penal. “Con relación al coronel Fernandez Valerio no hay ningún elemento de prueba que lo vincule a los hechos puestos a cargo por la procuraduría general de la República”, expresó.
De su lado, Guzmán calificó el fallo como desproporcionado con relación a las pruebas sometidas por el ministerio público. Dijo que en el caso lo que hay es una lucha de intereses.
Observó que en la madrugada ya la jueza tenía la resolución completa, algo que dijo sorprender, porque por lo general el día que se conoce la medida solo se emite el dispositivo. Además del director de la Dican, y del jefe de operaciones, la medida de coerción fue impuesta a los fiscales Máximo Antonio Díaz Ogando y Ramón Augusto Veras Castro; al mayor Luciano Gómez Cabrera, al primer teniente Bárbaro Torrez Beltrán, al cabo Agapito Muñoz Evangelista, la raso Raidirys García Miranda y el sargento Pedro Almánzar González.
