Están detenidos desde ayer y en espera de medidas de coerción los coroneles Carlos Fernández Valerio y Félix Humberto Paulino López, director y jefe de Operaciones de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican), lo mismo que los fiscales Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras y los mayores Rudy José Japa Álvarez y Luciano Gómez Cabrera, vinculados a la pérdida de droga y dinero en un allanamiento.
Otros policías, incluido un teniente, también fueron arrestados por solicitud de la Procuraduría General, cuyo titular, Francisco Domínguez Brito, afirmó que Fernández Valerio y Paulino López, presos en Operaciones Especiales, tienen la responsabilidad, “lamentablemente”, de todo en estos hechos criminales.
Dijo que el Ministerio Público tiene “pruebas contundentes” que vinculan de manera directa en acciones ilícitas en el desarrollo de sus funciones a esos oficiales, a los fiscales, al primer teniente Bárbaro Torres Beltrán, al sargento mayor Antolín de los Santos Zabala, sargento Pedro José Almánzar González, cabo Agapito Muñoz Evangelista, detenidos en el Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo.
En tanto, contra los rasos Raidirys Lironely García Miranda y Miguel Rosario se emitió orden de arresto.
En conferencia de prensa junto a los miembros de la comisión investigadora, el procurador dijo que todos podrían enfrentar cargos de asociación de malhechores, tráfico ilícito de drogas y de influencia, enriquecimiento ilícito, falsedad de documento público y lavado de activos, entre otros delitos.
Coronel lo sabía todo. Domínguez Brito reveló que la investigación del robo en un allanamiento el 27 de septiembre de una cantidad indeterminada de dinero y de 950 kilos de drogas, que en principio rumores cifraban en 1,500 y cuyo paradero desconocen las autoridades, “reflejó que durante el operativo se produjeron entradas y salidas separadas de los participantes al apartamento de Fernández Valerio, en la avenida México, para ponerlo al tanto del hallazgo”.
Dijo que la “alerta” de la presencia de droga en el Residencial Michel, en la calle 8 número 78 del Ensanche Isabelita, Santo Domingo Este, la habría dado un mayor de la Policía no identificado al fiscal Díaz Ogando, quien lo comunicó al jefe de Operaciones del Dican, que conformó el equipo que allanó.
Domínguez Brito afirmó que las actas “fueron completadas con información falsa” que indicaba que no fue encontrado nada comprometedor, y que la operación la ejecutaron miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que no actuaron.
Pagos recibidos. El procurador dijo que la droga incautada fue utilizada para el pago de complicidad y silencio de todos los involucrados, “tanto para los altos mandos policiales como a los miembros del Ministerio Público”.
Explicó que los fiscales Díaz Ogando y Veras recibieron 250 kilos, y los 700 restantes quedaron bajo el control de los coroneles Paulino López y Fernández Valerio, quienes colocaron parte en el mercado local.
Bienes recuperados. Informó que uno de los sargentos participante en el allanamiento, a quien no identificó, devolvió RD$1,450,000 y una yipeta de 2014, y otro a quien alegadamente el coronel Paulino le dio RD$3 millones, entregó un apartamento que adquirió por RD$2.6 millones y un vehículo valorado en RD$400,000.
Detalló que en la caja de seguridad incautada a Omar Ogando Ogando, apoderado del fiscal Díaz Ogando, encontraron certificados de depósitos y de inversión por alrededor de de RD$5 millones, títulos de propiedad de locales comerciales, entre otras propiedades, y US$15,000.
Imputados eran 25. La solicitud de orden de arresto hecha por el Ministerio Público el día 9, a la jueza de la Instrucción Especial de la provincia de Santo Domingo, Wendy Martínez, incluía a 25 personas y fue reducida a 12. La explicación del procurador fue que se trata de tres investigaciones diferentes y están en la primera.
Los excluidos. De la primera lista fue sacado Santo Emilio Hernández, a quien junto a Roberto Antonio Méndez (Nicolás) se le hizo el allanamiento que dio origen al caso Dican.
También al fiscal Leonidas Suárez, el coronel Guillermo Ubiera, los tenientes coroneles Voltaire Batista Matos, Juan Bulus Andújar y Francisco Valenzuela Valenzuela, los mayores Junior Vásquez Báez y Alberto Jiménez Ruiz, los capitanes Carlos Amézquita Reinoso y Edwin La Pe Zapata, el primer teniente Willliam Ruddy Rosario Guerrero, el teniente Juanico Belén Mejía y el sargento mayor Francisco Pérez Castro.
Flexibilidad pena. Domínguez Brito dijo que en los casos de colaboración de parte de algunos de los agentes involucrados en el hecho tendrían algún tipo de consideración. “Tal como dice la ley, si alguien colabora y da informaciones, no se le pide la misma pena de aquel que no colabora”.
