Dos fallos del Tribunal Constitucional han marcado la agenda en el ámbito migratorio, teniendo el gobierno que adoptar medidas en beneficio de extranjeros en situación irregular que, aunque no han contado con un consenso a nivel interno, han servido para calmar las presiones internacionales.
Después de la sentencia 168/13, la de mayor impacto en el 2013, que estableció que a los hijos de extranjeros ilegales no les corresponde la nacionalidad dominicana, en el 2014 el TC volvió a emitir otra de similar trascendencia y repercusión, la 256/14, con la cual anuló el instrumento de adhesión de la República Dominicana a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH).
Críticas y respaldo
La sentencia 168/13 provocó la activación en el país de un movimiento nacionalista, liderado por grupos que defienden la soberanía, los cuales salieron al frente a las protestas de hijos de descendientes de haitianos que alegaron que el fallo les negaba la nacionalidad.
El país recibió críticas de organismos internacionales, entre estos la CorteIDH, que llamó al gobierno a desconocer ese fallo y a la propia Constitución.
En octubre de 2014, la CorteIDH condenó al país por presuntas violaciones a los derechos humanos de los hijos de descendientes de haitianos durante los años 1999 y 2000, y llamó a desacatar la Constitución dominicana y la sentencia 168/13.
Meses después, el TC emitió la sentencia 256/14, de fecha 4 de noviembre de este año, con la cual declaró nulo el documento de aceptación de República Dominicana a la CorteIDH, por no haber sido ratificado por el Congreso, como exige la Constitución.
Con esta decisión, que pareció una respuesta a la sentencia de la CorteIDH, se produjo un “choque de trenes” que obliga al gobierno a fijar una posición, pues tendrá que decidir si regulariza su permanencia en la CorteIDH o si se queda fuera, una decisión que aún se espera.
Impacto económico
Para cumplir con la sentencia 168/13, el gobierno emprendió una serie de acciones que han representado un costo económico.
El Consejo Nacional de Migración (CNM), presidido por el presidente Danilo Medina, aprobó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular que le ordenó el TC en la sentencia 168/13, el cual había quedado en el olvido de la Ley de Migración.
El plan fue instituido mediante el decreto 327/14, emitido a final de noviembre de 2013, para ser ejecutado en año y medio, iniciando el primero de junio de 2014. Este decreto prohibió las deportaciones de ilegales durante el plan de regularización. Esa medida fue rechazada por varias organizaciones, que la impugnaron ante el TC mediante acciones directas en inconstitucionalidad, pendientes de fallo.
Hasta octubre de este año, según anunció el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, la inversión en el Plan ascendió a 800 millones de pesos, de 1,200 millones previstos.
Alrededor de 300 extranjeros han regularizado su estatus, pero las solicitudes pasan de 120,000. El proceso ha sido lento, por los requisitos exigidos, que en opinión de los solicitantes, son muy estrictos.
Por disposición del CNM, la JCE realizó un inventario en los libros de registro de nacimiento desde 1929 al 2007, con el cual determinó que están inscritos 53,847 hijos de extranjeros de 117 nacionalidades, de los cuales 24,392 lo hicieron de forma irregular.
Además, la sentencia 168/13 ordenó a la JCE realizar una auditoría minuciosa de los libros-registros de nacimientos desde 1929 hasta el 2007, y consignar en una lista a los extranjeros inscritos irregularmente, para ser entregados al Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual está en ejecución.
Por iniciativa del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional aprobó la ley 169/14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el país, inscritas irregularmente en el registro civil, y sobre naturalización. Aunque no fue denominada como una “amnistía”, esa ley ordenó a la JCE acreditar como nacionales dominicanos a los hijos de padres y madres extranjeras no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007, inscritos en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes. Excluyó de esos beneficios a los registrados en base a falsedad de datos, suplantación de identidad, o cualquier otro hecho que configure el delito de falsedad en escritura pública, siempre y cuando el hecho le sea imputable directamente al beneficiario.
