SANTO DOMINGO.- El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, declaró que la legislación sobre el aborto en la República Dominicana no debe ignorar el grave problema de salud pública que representa esa práctica, principalmente en perjuicio de las mujeres con menos posibilidades económicas.
Al fijar su posición sobre el debate originado por la decisión del presidente Danilo Medina de observar el proyecto de ley de Código Penal, el licenciado Abinader recordó que es un católico formado en el seno de su familia y del Colegio Loyola, bajo la prédica de amor, servicio y solidaridad enseñada por los jesuitas. Y apuntó que es opuesto al aborto como una práctica libre.
Sin embargo, dijo que la legislación nacional que prohíbe cualquier forma de interrupción del embarazo, aún en situaciones de alto riesgo para la mujer, no ha tenido ninguna efectividad para frenar el aborto clandestino que se práctica en el país bajo las peores condiciones de insalubridad.
El economista y empresario declaró que comparte las motivaciones expresadas por el presidente Danilo Medina al devolver al Congreso el proyecto de modificación del Código Penal, especialmente en lo concerniente al derecho a la vida y la salud de la mujer y el respeto a su dignidad y a su integridad moral y emocional.
El licenciado Abinader dijo que personalmente recomienda a los legisladores del PRM que acojan la observación del presidente de la República, escuchando la voz de su conciencia y recordando la responsabilidad que tienen de proteger los derechos fundamentales de la mujer dominicana.
“Aunque siento profundo respeto y reconozco las genuinas motivaciones que tiene la Iglesia Cristiana para reafirmar su posición tradicional sobre el tema, estoy convencido de que estamos frente a un grave problema de salud pública que afecta a las mujeres más pobres del país y que por lo tanto no se debe abordar exclusivamente desde una perspectiva religiosa”, manifestó el licenciado Abinader.
Indicó que si en el país se están registrando anualmente alrededor de 90 mil abortos clandestinos y evidentemente ilegales, como lo ha revelado Profamilia, hay que reconocer que existe un problema social y sanitario que debe ser tratado con políticas racionales que contribuyan a disminuir esa tendencia.
