SANTO DOMINGO. En medio de las manifestaciones realizadas por grupos religiosos para que se mantenga la penalización a todo tipo de aborto en el proyecto de ley que modifica el Código Penal, el gobierno de Danilo Medina reiteró ayer su postura de que se establezcan excepciones, al manifestar que “ninguna ley puede obligar a una mujer a parirle un hijo al delincuente que la violó”.
Así lo expresó el portavoz del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, en su cuenta de Twitter @rodrigmarchena, a través de la cual agradeció a mujeres católicas que dieron apoyo a las observaciones que hizo el mandatario al Código.
Rodríguez Marchena, director general de Comunicaciones del gobierno, también tuiteó que ninguna ley puede obligar a una mujer embarazada a morir, cuando gracias a la ciencia médica puede vivir. Igual dijo en relación con los médicos, al considerar que la una ley no puede “impedir salvar, mantener viva, a una mujer embarazada que podría morir”.
Dichos aspectos fueron los mismos que el presidente Medina tomó en cuenta en su carta de observación a la ley sobre el Código Penal que aprobó el Congreso, pero que fue devuelta por el mandatario. En su carta de devolución de la ley a la Cámara de Diputados, el mandatario planteó que la misma era imprecisa en torno a la penalización a la interrupción del embarazo, porque no indicaba las excepciones que, por poner en juego los derechos fundamentales de la mujer embarazada, tales como el derecho a la vida y la salud, el respecto a su dignidad y a su integridad psíquica y moral, constituían situaciones eximentes de responsabilidad.
Como excepciones, señaló los casos en que la vida de la madre esté en riesgo, cuando ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.
El pasado miércoles, la Conferencia del Episcopado entregó un comunicado al Congreso en el que demanda que el Código se mantenga como se aprobó inicialmente.
