Washington, Administración de Barack Obama está dispuesta a trabajar con el Congreso en una posible ampliación de las sanciones al Gobierno de Venezuela, siempre que sean «individuales y no sectoriales» y no amenacen con dañar al pueblo venezolano, afirmó hoy una alta funcionaria estadounidense.
«Hemos dejado claro que no nos opondremos a la legislación en el Congreso para imponer sanciones financieras (a Venezuela) en caso de que sean individuales y no sectoriales, y dependiendo del momento en que se produzcan», dijo una funcionaria del Departamento de Estado, que pidió el anonimato, en una conferencia de prensa telefónica.
A finales de noviembre, uno de los principales asesores en política exterior de Obama, y el nominado como subsecretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, aseguró durante una audiencia en el Senado que la Administración está dispuesta a trabajar con el Congreso para ampliar las sanciones al país sudamericano.
«Lo que dijo Tony (Blinken) es que ya no vamos a hacer esfuerzos para bloquear (la legislación de sanciones a Venezuela)», explicó la funcionaria.
«Si se aprueba una ley de sanciones (en el Congreso), puede ser útil, pero todo depende de cómo esté redactada y cuándo se use. No queremos hacer nada que dañe más al pueblo venezolano», añadió.
Hasta ahora, el Gobierno de Obama había optado por dar espacio al diálogo entre el Ejecutivo y la oposición para resolver las tensiones por las protestas en Venezuela, y el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, advirtió en marzo de que imponer cualquier sanción es delicado por la «fragilidad de la economía» venezolana.
No obstante, la alta funcionaria estadounidense reconoció que la Administración está preocupada porque «ni en el frente político ni en el económico hay ninguna indicación de que haya una voluntad de cambio» en Venezuela.
«Creo que hay una enorme frustración en el Congreso (de EEUU) y el Ejecutivo de que nada de lo que hemos intentado parece estar funcionando, nada de lo que Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas) ha intentado parece estar funcionando», indicó.
Tras meses de presión por parte de los congresistas, Estados Unidos prohibió a finales de julio la entrada a ciertos funcionarios del Gobierno venezolano presuntamente vinculados con la violación de derechos humanos.
No obstante, varios legisladores insisten en la necesidad de medidas más drásticas, como las contenidas en el proyecto de ley que el senador republicano Marco Rubio presentó en marzo junto a los demócratas Robert Menéndez y Bill Nelson.
Ese proyecto, bloqueado hasta ahora en el Senado, solicita a Obama que congele los activos de aquellas personas involucradas en la represión de las protestas en las calles de Caracas, además de la revocación de los visados a una lista de individuos propuesta por los legisladores.
Según la funcionaria, Venezuela forma parte de una serie de países en los que ha habido un «retroceso en la democracia» en el último año, entre los que también citó a Ecuador, Argentina, Bolivia y Nicaragua.
