INFORMATIVO AL DIA.-Una denuncia sobre la vigilancia fronteriza terminó con dos haitianos detenidos ante una cámara y un militar que les atribuye a los comunicadores Ricardo Ripoll y Eduardo Sánchez Tolentino, conocido como El Piro, la intención de engañar al público. Antes de darles la palabra a los extranjeros, el uniformado ya había expuesto su conclusión: los utilizaron para producir un video “con el objetivo de desinformar”.
En la grabación que circula en las redes sociales, el militar afirma que los hombres fueron apresados en la carretera Loma de Cabrera-Capotillo y sostiene que son los mismos que participaron en el audiovisual sobre la facilidad para ingresar irregularmente al territorio dominicano.
Su intervención coloca bajo cuestionamiento el trabajo de los comunicadores, pero también obliga a examinar cómo se presenta la respuesta: quien informa sobre el arresto formula la acusación y, acto seguido, invita a los detenidos a pronunciarse sobre ella.
“¿Ustedes tienen algo que decir sobre lo que yo acabo de decir?”, pregunta.
Uno de los hombres relata que los comunicadores les ofrecieron transporte y los trasladaron hacia las inmediaciones del monumento de Capotillo. Su versión describe encuentros y desplazamientos.
La diferencia es relevante: explicar que hubo un traslado en un vehículo no demuestra, por sí mismo, que existiera un acuerdo para simular un cruce fronterizo. Tampoco permite establecer qué conocían los participantes sobre el propósito de la grabación.
La controversia comenzó con un recorrido de Somos Pueblo por una zona boscosa fronteriza, donde los comunicadores aparecían acompañados de hombres identificados como haitianos y cuestionaban la vigilancia de los pasos informales. La cobertura circulaba desde el 30 de octubre.
El nuevo video exige aclarar quién habla en nombre de quién. ¿El militar transmite una conclusión institucional respaldada por una investigación o expone su interpretación de lo declarado por los detenidos? ¿Qué elementos permiten atribuir a los comunicadores una intención deliberada de desinformar?.
También merece explicación la decisión de presentar públicamente a personas bajo custodia para responder a una controversia periodística. Su condición de detenidos resulta importante al valorar las circunstancias del testimonio. Esto no demuestra que hayan sido presionados, pero requiere conocer cómo se obtuvieron sus declaraciones y si pudieron ofrecer su relato completo, con libertad y comprensión de las preguntas.
Hay una secuencia concreta que examinar: primero se anuncia la conclusión; después se solicita la respuesta de quienes están detenidos.
El episodio se produce, además, después de que Ripoll y Sánchez denunciaran una requisa militar durante su regreso de Dajabón. Según su versión, posteriormente encontraron dos envoltorios con una sustancia blanca desconocida en el compartimiento del motor y sospecharon de un intento de incriminación.
La discusión ocurre mientras el Gobierno defiende el reforzamiento de la frontera. El 26 de octubre, el presidente Luis Abinader aseguró que se encontraba en su mayor nivel de protección y destacó el despliegue de personal, vehículos blindados, drones y recursos de inteligencia. Precisamente por el alcance de esas afirmaciones, una denuncia sobre pasos irregulares necesita una respuesta verificable: ubicación del recorrido, secuencia de las imágenes, circunstancias del arresto y evidencias que permitan contrastar ambas versiones.
Acusar de desinformar también exige pruebas. La palabra del uniformado debe someterse a comprobación con el mismo rigor que el video de los comunicadores.
Fuente: Panorama
