SANTO DOMINGO, La Procuraduría Especial de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) depositó dos actos de alguacil para impedir que los bienes del senador Félix Bautista en la Inmobiliaria Rofi sean desbloqueados, como ordenó la semana pasada la Suprema Corte de Justicia.
Los actos fueron depositados en el Distrito Nacional y Santiago. Los mismos advierten al Registrador de Títulos que «no se deben levantar las notas de advertencia contra los bienes de la Inmobiliaria Rofi».
Ya antes, el PEPCA había apelado una sentencia del juez de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto, ordenando que dichos bienes sean desbloqueados.
Los actos fueron notificados por José Ogando Segura, de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, y Carlixto de Jesús Domínguez Vásquez, del Tribunal Colegiado de Santiago.
Los mismos explican que “las notas de advertencias de inmuebles de la Inmobiliaria Rofi, S.R.L., inscritas a requerimiento del Ministerio Público, además de no violentar disposiciones constitucionales o legales, encuentra fundamento legítimo y de ley, en las disposiciones de la legislación especial Antilavado de Activos, vigente hasta la fecha en la República Dominicana”.
Advierten que no deben ser levantadas las notas contenidas en la instancia notificada en el acto del 14 de febrero del 2014, consignadas por el Registrador de Títulos del Distrito Nacional, en razón de que el plazo para recurrir la resolución del juez Soto se encuentra hábil.
Indican que la ejecución de la decisión se suspende durante el plazo para recurrir y mientras la jurisdicción apoderada conoce del asunto, de conformidad de lo dispuesto en el Código Procesal Penal dominicano.
Recuerdan al Registrador de Títulos que las notas de advertencia fueron solicitadas por el Ministerio Público, en apego a las disposiciones legales establecidas en la Ley Sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.
Las notas también están sustentadas en la Ley Sobre Registro Inmobiliario; el Reglamento General de Registro de Títulos, la Constitución de la República y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, del año 2000, en el curso de una investigación por corrupción y lavado de activos.
Agregan que las notas fueron solicitadas e inscritas por el Ministerio Público sobre inmuebles que se presumen han sido adquiridos con el producto de acciones ilícitas en perjuicio del patrimonio público y de violación a la Ley de Lavado de Activos.
