INFORMATIVO AL DIA.-Los migrantes figuran entre los principales perjudicados por la crisis de la vivienda que sacude a España. Siete de cada diez viven de alquiler, frente al 14 % de los hogares españoles, y casi un tercio solo puede permitirse una habitación. A ello se suma la discriminación: según la organización Provivienda, el 65 % de las personas extranjeras que buscan piso se ha topado con trabas de las agencias inmobiliarias.
Esa crisis ha precipitado ahora el fin de la legislatura. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, tres días después de que el Congreso rechazara sus dos decretos de vivienda: el primero, por 178 votos en contra y 172 a favor; el segundo, por 184 contra 166. Votaron en contra PP, Vox, Junts y UPN.
Las medidas respondían a la indignación por el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que vivía en su piso desde 1956. Desde el 26 de septiembre, cientos de personas mantienen una acampada en la Puerta del Sol, convocada por el Sindicato de Inquilinas.
Este martes, el Consejo de Ministros aprobó de nuevo ambos decretos, con mejoras técnicas. Al estar disueltas las Cortes, deberá convalidarlos la Diputación Permanente, donde los votos de Junts ya no son decisivos. “Este Gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente”, afirmó Sánchez. Vox calificó la maniobra de “cacicada”.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó la petición del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de desalojar de urgencia la plaza. Los acampados permanecen en Sol y preparan una huelga general por la vivienda.
Para los más de 207.000 dominicanos residentes en España, lo que está en juego es doble: la estabilidad de sus alquileres y su voz en las urnas, ya que quienes tienen nacionalidad española podrán votar el 29 de noviembre.
