Ante el aumento de los casos de desapariciones y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que el proyecto de ley que crea el sistema Alerta Amber RD será una prioridad absoluta en la próxima legislatura.
El legislador explicó que la iniciativa, que establece un procedimiento de reacción rápida ante la desaparición o sustracción de menores de edad, será incluida en la agenda legislativa inmediata y asignada a una comisión especial con el compromiso de fortalecerla y adecuarla a los mandatos constitucionales vigentes.
De los Santos afirmó que el Senado dará un tratamiento especial al proyecto Alerta Amber, con el objetivo de lograr su aprobación en un plazo oportuno, tal como ocurrió recientemente con importantes reformas legislativas como el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código Laboral, aprobadas en un solo año.
“Si algo hemos demostrado al país es que trabajamos para ser lo más productivos posible, analizando cada proyecto con responsabilidad y fortaleciendo las iniciativas que impactan directamente a la sociedad”, expresó el presidente del Senado.
El representante de la provincia Sánchez Ramírez reiteró que la protección de la niñez es una urgencia nacional, por lo que el Congreso debe responder con herramientas legales eficaces que permitan actuar con rapidez ante cualquier caso de desaparición o sustracción de menores.
En ese contexto, también hizo un llamado a los padres, madres y tutores a mantener una mayor supervisión sobre sus hijos, advirtiendo que en muchos casos los agresores sexuales provienen del entorno cercano. “En la confianza está el peligro”, subrayó.
El sistema Alerta Amber RD está concebido como un mecanismo de difusión inmediata para facilitar la localización de menores de edad en situaciones de ausencia, extravío, sustracción, secuestro o privación ilegal de la libertad, con o sin presunción de delito, en todo el territorio nacional.
La eventual aprobación de esta ley busca fortalecer la respuesta institucional del Estado dominicano frente a uno de los problemas sociales más sensibles, colocando la protección de la infancia como una prioridad legislativa y nacional.
