Los diez señalados por el Ministerio Público como presuntos responsables de un fraude superior a RD$15,000 millones en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) figuran como residentes en torres y apartamentos de alto valor ubicados en algunos de los sectores más exclusivos del Distrito Nacional.
Según el expediente acusatorio, los imputados mantienen domicilios en zonas tradicionalmente asociadas al más alto nivel socioeconómico, tales como Los Cacicazgos, Bella Vista, Piantini, Paraíso, Urbanización Real, Gazcue, Arroyo Hondo y Viejo Arroyo Hondo. Las autoridades destacan que estas residencias forman parte del análisis patrimonial que acompaña la investigación del presunto entramado de corrupción.
Los inculpados, identificados como Santiago Hazim, Francisco Iván Minaya, Gustavo Enrique Messina, Germán Robles, Eduardo Read Estrella, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta y Ada Ledesma Ubiera, forman parte —según el Ministerio Público— de una estructura integrada por funcionarios, empresarios, profesionales de la salud y particulares.
Residencias en las avenidas Anacaona y Enriquillo
La investigación señala que parte de los acusados residen en edificios ubicados en estas prestigiosas avenidas del sector Los Cacicazgos y Urbanización Real. Entre ellos se encuentran:
- Cinty Acosta Sención, en la avenida Anacaona.
- Heidi Mariela Pineda Perdomo, también en Anacaona, en la torre Villa Palmera Twin Towers.
- Germán Rafael Robles Quiñones, en un penthouse de la Torre Arpel 08, Urbanización Real.
Imputados localizados en el polígono central
Otros acusados tienen domicilios en áreas de alta concentración comercial y residencial premium:
- Rafael Luis Martínez Hazim, calle Agustín Lara, Piantini.
- Gustavo Enrique Messina Cruz, Torre La Marquesa XI, Paraíso.
- Ada Ledesma Ubiera, Urbanización Fernández.
- Francisco Iván Minaya, sector Viejo Arroyo Hondo.
- Eduardo Read Estrella, calle El Retiro, Arroyo Hondo.
- Ramón Alan Speakler Mateo, calle Uruguay, Gazcue.
El Ministerio Público sostiene que las características de estas residencias y el nivel de vida de los acusados forman parte de la evaluación financiera y patrimonial que se presentará ante el tribunal durante el proceso judicial.
