La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá a las 2:00 de la tarde de este martes la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y los demás imputados vinculados al caso de presunta corrupción administrativa denominado Operación Cobra.
El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva para los encartados y que el proceso sea declarado complejo, al sostener que la investigación ha revelado una estructura organizada que operaba dentro de la institución para desviar fondos y favorecer intereses particulares.
Imputados en el proceso
Además de Hazim, el expediente involucra a:
- Gustavo Enrique Messina Cruz
- Germán Rafael Robles Quiñones
- Francisco Iván Minaya Pérez
- Eduardo Read Estrella
- Cinty Acosta Sención
- Rafael Luis Martínez Hazim
- Ramón Alan Speakler Mateo
- Heidi Mariela Pineda Perdomo
El Ministerio Público sostiene que los investigados conformaron una red que habría causado un perjuicio superior a 15 mil millones de pesos al Estado dominicano mediante la aprobación de contratos irregulares, alteración de procedimientos internos y manipulación de controles institucionales.
Estructura interna señalada por la investigación
Según la acusación, la presunta red operaba bajo directrices de la entonces dirección ejecutiva, tomando decisiones al margen de la normativa y generando beneficios económicos y políticos para un grupo reducido.
La investigación atribuye roles específicos a varios funcionarios:
Germán Robles, consultor jurídico, habría ejercido influencia determinante para avalar decisiones contrarias a los procesos legales, favoreciendo habilitaciones y aprobaciones sin cumplir los requisitos técnicos establecidos.
Francisco Iván Minaya, gerente de Salud, es señalado como responsable de validar acuerdos y dirigir reuniones de un comité de contrataciones creado irregularmente, autorizando habilitaciones pese a informes internos que recomendaban lo contrario.
Roberto Canaán, gerente de Atención al Usuario, habría ejercido presiones para incorporar o ampliar prestadores sin la documentación correspondiente, facilitando ventajas selectivas dentro del supuesto esquema.
Carmen José Velázquez, gerente de Afiliación, figura como responsable de formalizar decisiones previamente acordadas, firmando actas que legitimaban acciones contrarias a la normativa institucional.
Violaciones normativas señaladas
El expediente indica que las decisiones atribuidas a los imputados contravienen disposiciones de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, la Ley 87-01 del Sistema Dominicano de Seguridad Social, así como principios constitucionales de transparencia, legalidad y correcto uso de los fondos públicos.
Las autoridades afirman que el grupo actuó como una estructura organizada al interior de SeNaSa, desviando recursos estatales destinados a la salud de la población y comprometiendo la integridad del sistema público de aseguramiento.
La audiencia de coerción se celebrará esta tarde, donde el tribunal determinará las medidas a imponer mientras continúa la investigación.
