A ocho meses del colapso del techo de la discoteca Jet Set, una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente del país, el reclamo de justicia continúa más vivo que nunca entre los familiares de las víctimas. El derrumbe, que dejó 236 fallecidos y más de 185 heridos, sigue marcado por interrogantes, frustración y un proceso judicial que avanza con lentitud.
Este lunes, decenas de familiares regresaron a la llamada “zona cero”, donde se produjo el desastre, para rendir homenaje a sus seres queridos. Entre abrazos, lágrimas y oraciones, se escuchó un clamor común que resonó con fuerza: “Queremos justicia, y no nos van a callar”.
Un proceso que no avanza
Pese al tiempo transcurrido, los parientes de las víctimas denuncian que el expediente continúa prácticamente paralizado en los tribunales. Aunque el Ministerio Público presentó formalmente la acusación contra los propietarios del establecimiento, Maribel y Antonio Espaillat, ambos enfrentan el proceso en libertad bajo fianza desde el inicio.
Los imputados enfrentan cargos por homicidio involuntario, una figura penal cuya pena mínima es de dos años de prisión, hecho que ha generado profundo malestar en quienes perdieron familiares aquella noche del 8 de abril.
Un colapso anunciado según la acusación
De acuerdo con el Ministerio Público, la responsabilidad de los administradores del Jet Set se vio agravada por decisiones tomadas sin los debidos criterios técnicos. La acusación señala que el techo fue sobrecargado con equipos de climatización pesados y tinacos de agua sin estudios previos que garantizaran la seguridad estructural.
Peritos e ingenieros especializados concluyeron que el edificio presentaba deterioros críticos y fallas estructurales agravadas por intervenciones deficientes y ausencia de mantenimiento. Los informes fueron elaborados por los expertos Leonardo de Jesús Reyes Madera, Eduardo A. Fierro y Máximo José Corominas Quezada.
El dolor persiste
Para las familias, el tiempo no ha cerrado las heridas. Por el contrario, cada mes que pasa sin una respuesta judicial fortalece su determinación de continuar exigiendo verdad, justicia y reparación.
Mientras el caso permanece en los tribunales, el país recuerda con pesar una tragedia que marcó a cientos de hogares y que aún demanda acciones contundentes de las autoridades.
