El Poder Ejecutivo anunció este domingo la promulgación de la Ley núm. 97-25, que introduce una reforma integral al Código Procesal Penal, dando cumplimiento a la Sentencia TC 0765-24 del Tribunal Constitucional, la cual ordenaba sustituir la Ley 10-15.
La información fue ofrecida por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, quien destacó que la nueva normativa actualiza y moderniza el sistema penal dominicano, incorporando principios jurisprudenciales recientes de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional.
Peralta Romero explicó que la reforma fortalece los 28 principios que rigen el proceso penal y consolida un modelo más ágil, garantista y coherente con el Estado social y democrático de derecho. Indicó que el texto promulgado será publicado mañana en la Gaceta Oficial y entrará en vigencia el martes en el Distrito Nacional y el miércoles en el resto del país.
Avances clave de la reforma
La nueva ley amplía los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, incorporando justicia restaurativa, criterios de oportunidad, acuerdos, conciliaciones, procedimientos abreviados y suspensión condicional del procedimiento para hechos sancionados con hasta cinco años de prisión.
Asimismo, fortalece el derecho de defensa desde las primeras etapas del proceso, asegura asistencia técnica integral para partes vulnerables y eleva el estándar de protección de la presunción de inocencia. También amplía los plazos para que la defensa presente escritos, establece mayores oportunidades para solicitar contraperitajes y fija un límite de dos años para archivos provisionales.
En materia de coerción, la normativa introduce reglas más estrictas para arrestos, órdenes de comparecencia y revisiones obligatorias, exigiendo control judicial riguroso y motivación estricta para cualquier restricción de libertad. Además, incorpora el criterio de plazo razonable, fijando límites de cuatro años en casos ordinarios y cinco años en procesos complejos.
Otro cambio significativo es la eliminación del “nuevo juicio” en apelación, permitiendo a las cortes impartir instrucciones para la continuación del proceso y garantizando un doble grado de jurisdicción pleno.
Hacia un sistema penal más moderno y eficaz
El consultor jurídico resaltó que la reforma es resultado de amplias jornadas de trabajo con legisladores, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder Judicial, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y representantes de la comunidad jurídica, alcanzando consensos que fortalecen la institucionalidad.
Subrayó que la nueva ley armoniza el proceso penal con la reciente reforma del Código Penal y con la Ley de Extinción de Dominio, consolidando un sistema penal más humano, moderno y efectivo.
“Este Código actualizado impulsa una justicia más rápida, eficiente y centrada en la solución de los conflictos, atendiendo los desafíos contemporáneos del sistema judicial y reafirmando el compromiso del país con los estándares constitucionales y democráticos”, puntualizó Peralta Romero.
