Legisladores de distintas bancadas del Senado reiteraron este jueves que la reforma al Código Procesal Penal constituye una prioridad nacional, aun en medio de los cuestionamientos generados por algunos de los artículos vinculados a plazos procesales y facultades del Ministerio Público.
Los senadores insistieron en que el país debe cumplir con el mandato establecido por el Tribunal Constitucional, que otorgó un plazo para adecuar la legislación vigente a los estándares actuales y corregir vacíos que afectan el desenvolvimiento de los procesos penales.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, destacó que la reforma no puede seguir postergándose, ya que responde a un compromiso institucional de modernizar el sistema de justicia penal y garantizar mayor seguridad jurídica. Señaló que, una vez la normativa sea promulgada, cualquier ajuste adicional podrá ser estudiado y evaluado.
Algunas de las observaciones más debatidas giran en torno a la disposición que establece la reanudación desde cero de los plazos detenidos cuando cesan las causas de suspensión de la acción penal. Sectores críticos consideran que este punto podría generar afectaciones para los imputados; sin embargo, legisladores afirmaron que el objetivo es evitar la impunidad y asegurar procesos más eficientes.
Los senadores Ramón Rogelio Genao, Pedro Catráin y el diputado Rafael Duluc (Cholitín), coincidieron en que detener la aprobación provocaría un retroceso jurídico, ya que implicaría regresar a la legislación aplicada desde 2002 y afectar procesos instaurados a partir de 2015.
De igual forma, expresaron que las observaciones y preocupaciones planteadas por la ciudadanía están siendo analizadas, pero enfatizaron que el país no puede postergar indefinidamente una reforma considerada esencial para fortalecer la respuesta del sistema judicial.
La pieza legislativa continuará siendo debatida en el Congreso, donde se evaluarán los próximos pasos para su aprobación definitiva.
