La Fundación Primero Justicia expresó su profunda preocupación ante la propuesta de reforma al Código Procesal Penal, la cual según advierten podría instaurar mecanismos propios de un “Estado Policial” y provocar retrocesos significativos en materia de derechos fundamentales y garantías judiciales.
La entidad calificó como alarmante que el anteproyecto incremente la prisión preventiva hasta 36 meses y extienda la duración de los procesos penales hasta seis años, cambios que consideran contrarios al debido proceso y a múltiples precedentes del Tribunal Constitucional.
El presidente de la organización, Surun Hernández, indicó que varias disposiciones del proyecto violarían principios esenciales consagrados en los artículos 40 y 69 de la Constitución, relativos a la libertad personal, la seguridad jurídica, la tutela efectiva y la presunción de inocencia.
Entre los puntos que la fundación considera más críticos se destacan:
- Aplicación automática de prisión preventiva bajo el concepto de “reiteración delictiva”, aun sin condena previa.
- Facultad del juez para imponer medidas de coerción sin solicitud de las partes, lo que, afirman, altera la separación de funciones entre jurisdicción y Ministerio Público.
- Posibilidad de interrumpir el plazo máximo de prisión preventiva solo por solicitar una revisión o apelación, lo que afirman castiga el ejercicio legítimo de los recursos.
- Imposición de medidas sin audiencia ni citación del imputado, una práctica que califican como incompatible con el debido proceso.
Hernández sostuvo que una reforma de esta naturaleza no debe responder a plazos o urgencias administrativas, sino a un debate amplio y responsable que garantice respeto absoluto a los derechos fundamentales.
Como alternativa, la Fundación Primero Justicia propone aprobar una normativa transitoria similar a la Ley 10-15, excluyendo todos los aspectos ya declarados inconstitucionales, hasta que se logre un consenso sólido entre los actores del sistema de justicia.
