Decenas de familias que adquirieron viviendas en un proyecto residencial de 400 unidades en La Romana denunciaron que un conflicto judicial ha detenido completamente la entrega de sus hogares, afectando también el empleo de obreros, técnicos y suplidores vinculados a la obra.
Los compradores aseguran que las maniobras legales que mantienen paralizado el proyecto no guardan relación con ellos, ni con la empresa responsable de la construcción, Inmobiliaria Don Juan, la cual ha sido afectada por un proceso judicial ajeno a su actividad inmobiliaria. Según explican, la compañía fue arrastrada a un litigio de carácter privado, relacionado con un proceso de separación de bienes que no la involucra como parte.
El jurista Dionisio Ortiz afirmó que la inmobiliaria ha sido incluida de manera improcedente en acciones legales sin base jurídica, situación que ha sido rechazada en varias ocasiones por tribunales del país. Recordó que los terrenos donde se levanta el proyecto pertenecen a la familia propietaria desde hace más de un siglo y que la ley establece que las herencias no forman parte del patrimonio común en procesos de divorcio.
Ortiz destacó que tres instancias judiciales ya han reconocido que el patrimonio de la empresa es independiente, lo que refuerza la posición de que el litigio no debe afectar la continuidad del proyecto ni a las familias que esperan recibir sus viviendas.
Testimonios de familias afectadas
Entre los perjudicados se encuentran maestros, empleados privados, trabajadores del Estado y jóvenes profesionales que han invertido sus ahorros o asumido préstamos bancarios para adquirir su primera vivienda.
Gilberto Guerrier Batiste, docente y padre de tres niños, expresó su angustia:
«Hicimos el sacrificio más grande de nuestras vidas para asegurar un hogar y ahora estamos atrapados en un problema que no nos pertenece. Solo pedimos que la justicia permita que se nos entregue nuestra casa.»
De igual manera, Carmen Rosario, maestra y madre de familia, dijo que continúa pagando alquiler mientras espera la entrega del inmueble que adquirió en 2024:
«Cumplimos con todos los pagos y aún no podemos mudarnos. Lo único que queremos es vivir en nuestra casa y cerrar este año en paz.»
Otro adquiriente, Irving Batista, afirmó que aunque ya reside en el proyecto, no ha podido recibir el terreno adicional que compró para ampliar su área familiar, mientras los intereses del préstamo continúan acumulándose.
Llamado a la justicia
Las copropietarias de Inmobiliaria Don Juan, Coral Llaneza y Clarisa Gil Battle, expresaron su respaldo absoluto a los compradores y calificaron de injusto que un proceso privado esté afectando a terceros inocentes.
Gil Battle reiteró que los terrenos pertenecen a su familia desde generaciones anteriores, por lo que no deben ser parte de un conflicto matrimonial aún en proceso. Llaneza, por su parte, solicitó que se permita retomar la obra para entregar las viviendas comprometidas.
«Pedimos que se respete la ley y que se nos permita cumplir con las familias que depositaron su confianza en nosotros», concluyó.
Las familias afectadas piden una solución urgente que permita continuar la construcción y entrega del proyecto, evitando que más personas enfrenten pérdidas económicas y emocionales por un litigio que no les corresponde.
