En medio de un clima de preocupación nacional, distintos sectores de la sociedad están exigiendo medidas más contundentes y penas más estrictas para enfrentar los feminicidios en la República Dominicana. La discusión se profundizó luego de que el Ministerio de la Mujer confirmara que 53 mujeres han sido asesinadas este año, una cifra que, aunque representa una ligera disminución respecto al 2024, continúa generando alarma.
La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, precisó que los casos registrados durante el 2025 reflejan una reducción del 16% en comparación con el mismo período anterior, pero admitió que aún queda un largo camino por recorrer para frenar la violencia extrema contra las mujeres.
En recorridos realizados en distintos sectores del Gran Santo Domingo, numerosos ciudadanos expresaron sentir impotencia ante la frecuencia con la que ocurren estos crímenes. Para muchos, las penas actuales de 30 a 40 años no resultan suficientes para frenar la reincidencia ni enviar un mensaje contundente sobre el valor de la vida de una mujer.
Algunas personas consultadas señalan que la problemática no se limita al hogar, sino que responde a una cultura de agresión que se ha normalizado en los espacios públicos, generando un ambiente de hostilidad que afecta a toda la sociedad.
Otros ciudadanos resaltaron la necesidad de implementar políticas integrales que aborden la raíz del problema: educación emocional, tratamientos para agresores, fortalecimiento de las denuncias, respuesta rápida de las autoridades y apoyo psicológico para las familias en riesgo.
La indignación colectiva se ha transformado en un llamado urgente a las instituciones del Estado para revisar el marco legal vigente y fortalecer los mecanismos de prevención y protección. Organizaciones sociales, activistas, familias afectadas y ciudadanos comunes coinciden en un mismo punto: la violencia feminicida no puede seguir siendo la sombra persistente de cada año, y debe enfrentarse con mayor firmeza, recursos y voluntad política.
