INFORMATIVO AL DIA.-Al cumplirse dos años de la promulgación de la Ley 34-23 de Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), el periodista y activista Fernando Quiroz denunció este miércoles que no se ha implementado ninguna medida concreta que beneficie a esta población en la República Dominicana.
Quiroz, coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, lamentó que el Gobierno haya incumplido todos los plazos establecidos por la normativa, incluyendo la entrega del reglamento de aplicación, que debió publicarse dentro de los 120 días posteriores a la promulgación de la ley -es decir, antes del 4 de octubre de 2023-, pero fue aprobado casi diez meses después, el 24 de julio de 2024, mediante el decreto 403-24.
“Sigue en el limbo una ley vital que debería garantizar atención integral, inclusión y protección a las personas con autismo. La falta de planificación, presupuesto y coordinación institucional es alarmante”, expresó.
Quiroz advirtió que, a pesar del tiempo transcurrido, se desconoce que las instituciones responsables hayan elaborado planes de acción, o hayan destinado recursos para comenzar a ejecutar lo que establece la ley.
Entre los puntos críticos, citó:
La ausencia de programas especializados de detección, diagnóstico y tratamiento.
La inacción del Ministerio de Educación en adaptar entornos escolares inclusivos.
La falta de estrategias laborales para jóvenes y adultos con TEA.
El desconocimiento de derechos por parte de instituciones públicas.
La falta de estudios estadísticos nacionales sobre la condición.
“Esta es una ley viva solo en papel. No basta con un decreto. Esta lucha no es por caridad, es por derechos humanos. Las familias ya no aguantan más discursos vacíos”, subrayó.
¿Qué establece la Ley 34-23?
La normativa asigna responsabilidades claras a distintas instituciones del Estado:
El Ministerio de Salud Pública y el CONADIS, mediante el CAID, deben garantizar servicios de pesquisa, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del TEA, así como levantar estadísticas nacionales junto a la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
El MINERD tiene la obligación de asegurar el acceso pleno a la educación de personas con autismo, adaptando el entorno escolar a sus necesidades. El MESCyT, junto con CONADIS, debe impulsar políticas para la inclusión en universidades.
El INFOTEP debe modificar programas formativos para incluir personas con TEA. El Ministerio de Trabajo, junto al MICM, debe promover su inserción laboral, fomentar el autoempleo y crear alianzas con empresas del sector privado.
