INFORMATIVO AL DIA, Sánchez Ramírez. – En medio del conflicto con las comunidades de Zambrana, Cotuí, la Superintendente de Desarrollo Social y Relaciones Comunitarias de Barrick Gold, Ivette Viloria, afirmó que la minera enfrenta un desafío crucial: la actual presa de colas está llegando a su vida útil, y sin una nueva infraestructura, las operaciones de la empresa tendrían que cesar.
💬 «Nuestra presa está llegando ya a su vida útil. Entonces, si la presa no se construye, la empresa tiene que detener sus operaciones. Y esto significaría un gran impacto para las comunidades y para el país», aseguró Viloria.
Barrick Gold y la necesidad de expansión
La mina Pueblo Viejo, operada por Barrick Gold en la provincia Sánchez Ramírez, tiene una vida útil estimada hasta 2040. Sin embargo, debido a la disminución en la concentración del mineral, la empresa sostiene que necesita ampliar su capacidad de procesamiento, lo que requiere una nueva presa de colas para almacenar los desechos generados en la extracción de oro.
Según la compañía, la actual presa, construida en 2009, está próxima a alcanzar su capacidad máxima, y la única forma de extender las operaciones es construyendo una nueva presa en la comunidad de El Naranjo, lo que ha generado resistencia entre los comunitarios que rechazan el reasentamiento forzoso.
Impacto económico y social
Desde la perspectiva de Barrick, detener la mina afectaría no solo a la empresa, sino también a la economía local y nacional. La minera es una de las principales fuentes de empleo y aporta una parte significativa a los ingresos fiscales del país.
El conflicto con las comunidades
Mientras Barrick Gold defiende la expansión del proyecto como una necesidad operativa, las comunidades afectadas han denunciado que la empresa intenta imponer la construcción de la nueva presa sin un proceso de consulta adecuado.
Organizaciones ambientalistas y comunitarios han advertido sobre los posibles efectos de la nueva presa en los recursos naturales, especialmente en el suministro de agua. Además, los residentes de las seis comunidades afectadas rechazan las compensaciones ofrecidas por la empresa, alegando que no son justas ni suficientes para el traslado de sus familias.
