BARCELONA, – El gobierno español advirtió ayer al ejecutivo nacionalista catalán que no puede utilizar medios públicos para organizar la simbólica votación sobre la independencia del domingo mientras los nacionalistas multiplican los esfuerzos para lograr una gran participación.
A través de la delegada del gobierno en esta región nororiental, María de los Llanos de Luna, el Ejecutivo de Mariano Rajoy advirtió de la importancia de cumplir la suspensión dictada el martes por el Tribunal Constitucional que, hasta el momento, apenas ha alterado los planes del presidente catalán, Artur Mas.
“Podrían contravenir la resolución del tribunal actuaciones destinadas a la utilización de medios públicos para la realización de actos de ejecución de la consulta o de otra manera vinculadas a ella”, dijo Llanos de Luna.
Los destinatarios fueron la vicepresidenta catalana Joana Ortega, al mando del dispositivo de la votación, y la responsable del departamento de Educación, Irene Rigau, de quien dependen los institutos públicos donde el domingo deben instalarse las urnas
y las mesas electorales.
Según la advertencia lanzada por la delegación, utilizar estos espacios públicos para acoger la votación podría significar una ilegalidad.
Pero los contratiempos para el gobierno catalán no terminaron aquí. El martes denunció ante el Tribunal Supremo al Ejecutivo español por atentar contra el derecho de participación, la libertad de expresión y la libertad ideológica y pidió anular la suspensión del voto como medida cautelar.
En ese sentido, el Tribunal Supremo español respaldó ayer al gobierno de Mariano Rajoy en su decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional la consulta soberanista alternativa convocada en Cataluña para el 9 de noviembre.
El Supremo respondió así al recurso de Mas, que consideraba gobierno central vulneraba sus derechos fundamentales.
