El procurador general adjunto para el sistema eléctrico, magistrado Moisés Ferrer, garantizó que en un plazo razonable el país conocerá los responsables del sabotaje que hace días puso en peligro el sistema eléctrico nacional.
Afirmó que con ese propósito ha sido designada una comisión que trababa en coordinación con los organismos de investigación de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, y de la Empresa de Transmisión Eléctrica, ETED, para dar con los responsables del acto de vandalismo.
Afirmó que no se trató de un robo tradicional de piezas como ha ocurrido en otros atentados contra torres que soportan las líneas de transmisión de energía del país «si no de un atentado propiamente dicho con el propósito de desestabilizar el sector o la gestión de Rubén Bichara».
La CDEEE y la ETED denunciaron un sabotaje en la línea de transmisión de 138 mil kilovatios, en el municipio de Yaguate, provincia San Cristóbal.
“Los que perpetraron el hecho dejaron las torres en condición para que se cayeran en cascada por cualquier viento. No las tumbaron ellos mismos porque los habría matado al instante”, sostuvo Ferrer.
A las torres saboteadas les retiraron varios tornillos y la pieza principal que une la base con el cuerpo principal, de modo que un viento fuerte la derrumbara.
El hecho vandálico afectó el tramo de la torre número 12 hasta la 36 y, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la ETED, el objetivo principal era tumbar las torres para sabotear el sistema eléctrico interconectado.
El magistrado declaró que esos actos delictivos conllevan sanciones penales que van desde 3 a 10 años de prisión y multas de 50 a 200 salarios mínimos, para quienes resulten culpables.
Dijo que la rápida intervención de la empresa permitió reparar la torre dañada que se vio en situación crítica, sin que se llegara a producir el colapso del sistema eléctrico.
