Santo Domingo: – Participación Ciudadana ha estado dando seguimiento a los trabajos que realiza la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, gracias a las demandas que contra cuatro de sus miembros han sido interpuestas ante el Tribunal Superior Administrativo, con la clara finalidad de frenar sus esfuerzos de investigación, sobre todo en el caso del Ministerio de Hacienda, que se encuentra en proceso de investigación por parte del Ministerio Público, y que desde ya se menciona como uno de los casos más grandes de corrupción en toda la historia de la República Dominicana, involucrando decenas de miles de millones de pesos.
La intención de detener los trabajos que realiza esta Unidad se revela claramente cuando se embargan las cuentas bancarias de sus investigadores y se le somete a todo tipo de presión judicial, pretendiendo rendirlos por la asfixia económica que provoca la inmovilización de sus ahorros y los gastos y honorarios que deberán emplear en su defensa, que esperamos estén siendo cubiertos por la Contraloría General de la República.
La Constitución de la República asigna a la Contraloría General de la República el rol de “rector del control interno”, debiendo ejercer “la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos”.
Al pasar todos los egresos públicos por las manos de la Contraloría General de la República, resultaba indispensable la creación de una unidad antifraude, como la que ya finalmente existe, y ahora queda pendiente darle la importancia que tiene, aumentando su personal especializado, pues actualmente ronda la exigua nómina de 20 personas para el volumen de información que deben analizar en su objetivo de identificar los fraudes y apoderar al Ministerio Público de los hallazgos, para que éste pueda cumplir su rol de investigación y persecución con mayor eficacia, sometiendo a los responsables de estafar al Estado y desfalcar los recursos públicos.
Resultaría letal para los esfuerzos anticorrupción que se utilice el mecanismo de atacar personalmente a los funcionarios públicos que con valentía han decidido no detenerse en su responsabilidad de proteger los recursos públicos y exponer a los corruptos, tanto del sector público como del privado. Estos funcionarios merecen el respaldo de la sociedad, a la que convocamos a esos fines.
