Santo Domingo.-El Poder Judicial dominicano y representantes del Sistema de Justicia Penal dejaron conformada la Mesa Nacional de Coordinación Interinstitucional, la que se reunirá cada 15 días a los fines de evaluar los avances y las soluciones puestas en marcha para abordar la problemática de los privados de libertad en condiciones de vulnerabilidad y garantizar su dignidad y derechos fundamentales.
Durante una reunión celebrada en la Suprema Corte de Justicia, se rindió un informe sobre el descenso realizado en la Penitenciaria Nacional de La Victoria, en la que se habilitó un tribunal de ejecución de la pena, medida que se enmarca dentro plan de seguimiento a la situación de los privados de libertad en condiciones de extrema vulnerabilidad y el “Programa de Optimización del Proceso Penal”.
Además, se designó el personal que trabajará en el citado tribunal y se dotó de los equipos tecnológicos y de mobiliario necesario para su eficiente funcionamiento.
Dentro de los avances se destacan la designación por el Servicio Nacional de Salud (SNS) de un equipo médico de manera permanente en ese recinto carcelario y la habilitación de un laboratorio clínico con dos bioanalistas que prestará servicios durante 24 horas, los 7 días de la semana.
La Mesa de Coordinación Interinstitucional es una instancia plural y proactiva compuesta por los actores responsables de fortalecer la gestión del proceso penal dominicano, donde se identifican y analizan los obstáculos que limitan el normal desenvolvimiento del mismo y se impulsan soluciones y buenas prácticas que promuevan la eficiencia operativa entre los diferentes actores del sistema penal.
La Mesa está integrada por el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) y la Defensa Pública.
Además, se acordó poner en funcionamiento las mesas interinstitucionales departamentales o distritales que estarán compuestas por los sujetos procesales responsables de fortalecer la gestión del proceso penal dominicano en cada Departamento o Distrito Judicial.
En la reunión de seguimiento participaron Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia, María Garabito Ramírez y Fran Soto, jueces miembros de la Segunda Sala de la SCJ; Rafael Báez, juez de la primera sala de la cámara penal de la corte de apelación del Distrito Nacional; Esmirna Gisselle Méndez, presidenta del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional; Kenya Romero, coordinadora de los juzgados de la Instrucción del DN, entre otros funcionarios judiciales.
Mientras que por la Procuraduría participó Yeni Berenice Reynoso, procuradora adjunta; Roberto Hernández Basilio, director General de Servicios Penitenciarios y Correccionales; Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública; Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Cárceles de la Defensa; Carlos Batista, coordinador de la Defensa Pública de la provincia Santo Domingo; Patricia Lagombra, directora de Centros de Corrección y Rehabilitación y Fray Arístides Jiménez Richardson, coordinador de la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica.
En cuanto al aspecto procesal penal, entre los puntos más relevantes figura la adopción de los diferentes métodos de solución alterna de conflictos que establece la normativa procesal penal, a los fines de descongestionar los tribunales, otorgar respuesta pronta a usuarios y usuarias del sistema e implementar un modelo de gestión que garantice la notificación oportuna de las resoluciones de medidas de coerción y ordenes de libertad, para garantizar su ejecución inmediata.
Durante la reunión, además se exhibieron los avances del plan de respuesta a las rebeldías dictadas en las fases preparatoria e intermedia a cargo de los Juzgados de la Instrucción, a fin de abordar cualitativamente las soluciones alternas en casos de delitos menores en el Distrito Nacional, que es el primer departamento judicial en implementarlo en el marco de la mesa interinstitucional.
